La mayoría de los casos son peticiones contra alcaldes y uno contra un diputado local.
En el Congreso del Estado están pendientes por analizar al menos 12 solicitudes de juicio político promovidas por ciudadanos en contra de los presidentes municipales de Axocomanitla, Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Calpulalpan, Chiautempan y Zitlaltepec, y contra el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Covarrubias Cervantes.
Dichas solicitudes están detenidas porque todavía no han sido integradas las comisiones especiales de diputados para analizar todos y cada una de las solicitudes que fueron promovidas ante el Poder Legislativo local por ciudadanos por diferentes motivos en contra de las autoridades.
Conforme a la normativa, es la presidenta de la Mesa Directiva, Mayra Vázquez Velázquez la única responsable de conformar una Comisión Especial para conocer si procede o no la petición de juicio político.
En lo que va de la 63 Legislatura se promovieron un total de 16 peticiones de juicio político, de las cuales cuatro ya han sido atendidas por los diputados locales y se trata de los procesos emprendidos en contra de los tres integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) del estado cuyos resultados deberán de ser presentados en próximos días.
Y están pendientes por atender, las solicitudes de juicio político contra los presidentes municipales de Axocomanitla, Apizaco, Huamantla, Tlaxcala, Calpulalpan, Chiautempan y Zitlaltepec, Martha Palafox Hernández, Julio César Hernández Mejía, Jorge Sánchez Jasso, Anabell Ávalos Zempoalteca, Neptaly Gutiérrez Juárez, Héctor Domínguez Rugerio, y Cruz Alejandro Juárez Cajica, respectivamente.
Las razones son distintas, pero prevalece el supuesto desvío de recursos públicos y el mal manejo de los mismos, así como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, y hasta agresiones físicas en contra de integrantes del cabildo.
Además, entre las solicitudes también se encuentra la solicitud en contra del diputado del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, promovida por los ciudadanos Basilio de la Cruz Hernández y Maricela Flores Olayo en marzo de este año por condicionar apoyos de programas federales