El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier reveló que hay denuncias sobre amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado contra empresarios y líderes sociales y políticos en el municipio de Chignahuapan, que se ubica en la Sierra Norte del estado.
Durante una entrevista que ofreció tras encabezar la ceremonia por el aniversario del natalicio de Benito Juárez, afirmó que las amenazas son realizadas por personajes ligados a delitos como el secuestro y el robo de combustible, que incluso han tenido acceso a partidos políticos.
«Las amenazas que se han venido haciendo, rompen el estado de seguridad que debe haber en un municipio (…) Lo quiero decir con mucha seriedad, es delicado que se haya permitido durante tantos años, que grupos vinculados a este tipo de delitos, tengan acceso a partidos políticos».
Indicó que es responsabilidad de los partidos políticos cuidar el perfil de sus candidatos y candidatas, esto ante las denuncias de que Juan Lira Maldonado, alías «El Moco» está detrás de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Yasmín Medina Carrasco durante el proceso electoral extraordinario, pues es esposa de su abogado. El Moco fue candidato en el proceso electoral realizado en junio pasado, pero se anuló el resultado de los comicios por diversas irregularidades. Además, El Moco, es un hombre vinculado al crimen organizado, ya detenido una vez por ir armado.
«Lo que sucede en Chignahuapan es corresponsabilidad de los partidos políticos que permitieron la vinculación de grupos delictivos con candidaturas y cargos de elección popular», agregó el mandatario poblano ante esta situación.
Es importante mencionar que esta semana, poco antes de cerrar campaña, el candidato del PRI a la alcaldía de Chignahuapan, Mario Luis Olvera Cortés, declinó a favor de Juan Rivera Trejo, el aspirante de Morena, con la única intensión de evitar a toda costa que «El Moco» gane los comicios del próximo 23 de marzo a través de su alfil.
Este viernes, el gobernador Alejandro Armenta consideró oportuno que este caso se tome en cuenta para que el Congreso de Puebla legisle para evitar que personas con conductas delictivas o vinculadas al crimen organizado accedan a puestos de elección popular.
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