La diputada federal de Morena, Julieta Vences Valencia presentó iniciativa para reformar el artículo 360 del Código Civil Federal para garantizar que las madres puedan acceder a pruebas de ADN en litigios de paternidad.
La legisladora poblana explicó que la iniciativa consiste en que si un juez ordena la realización de una prueba genética y esta confirma la filiación biológica entre el progenitor y la persona menor de edad, el padre será responsable de cubrir los gastos derivados del procedimiento.
Julieta Vences reconoció que la incorporación de herramientas científicas ha sido clave para la resolución de conflictos, sin embargo, es necesario reforzar los procedimientos legales para evitar que las madres tengan que asumir la carga económica y jurídica de probar la paternidad.
La tambien Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, señaló que en el contexto judicial, la carga económica que implica la prueba de ADN representa un obstáculo significativo para muchas mujeres que buscan el reconocimiento de la paternidad.
Indicó que el costo promedio de estos estudios oscila entre 4 mil 455 y 9 mil 898 pesos, lo que dificulta el acceso a la justicia para quienes no cuentan con recursos suficientes.
Se necesitan fortalecer las políticas públicas y los marcos normativos que garanticen el acceso a derechos fundamentales como la identidad, la alimentación y el acceso a recursos económicos suficientes para la crianza y el desarrollo de los hijos», exigió.
Julieta Vences refirió que de acuerdo a datos del Inegi de 2022, el número de divorcios fue de 166 mil 766, no obstante, la proporción de casos en los que se asignó pensión alimenticia fue de 42.3 por ciento.
Otro dato, abundó, es que en 48 de cada 100 hogares la jefatura recae en una mujer, lo que conlleva una mayor carga económica para el sostenimiento de los hijos.
Estos datos resaltan la importancia de fortalecer los mecanismos legales y sociales que garanticen el bienestar de los hijos en procesos de divorcio, asegurando su derecho a recibir pensión alimenticia», sentenció.
Por último, sostuvo que dado que la mayoría de estos juicios se derivan de la negativa del progenitor a asumir su responsabilidad, se considera necesario que la legislación contemple que el pago de estos estudios recaiga en el padre que rechaza la filiación.
Los avances en la regulación de la filiación han permitido mejorar la protección de los derechos de la infancia, pero persisten desafíos en la implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las responsabilidades parentales», concluyó.
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