La agrupación Artículo 19 expresó su preocupación por la medida cautelar y la citación a una audiencia que el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla estableció contra la periodista Ruby Soriano, directora del sitio Los alquimistas del poder.
Ello en virtud de una publicación que realizó en sus redes sociales referente al cambio de partidos políticos de la legisladora Graciela Palomares.
Según Artículo 19, el IEE Puebla está ejerciendo una censura del contenido de la comunicadora local y, además, está vulnerando su libertad de expresión.
Explicó que Soriano eliminó la publicación en la que hablaba sobre el asunto en respuesta a la medida cautelar del órgano comicial. Sin embargo, este le pidió eliminar también los comentarios derivados de su tuit, que no son responsabilidad de ella.
Preocupa a ARTICLE 19 que la argumentación para la medida cautelar, así como de la citación a la primera audiencia, responsabilice a la periodista por comentarios de terceros con los cuales no tiene ningún vínculo: ‘El ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades para quien se expresa’, según indica el propio Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión», precisó.
Por su parte, Ruby Soriano señaló que su publicación hizo alusión a la versatilidad de la clase política en la actual dinámica del país, pero jamás hizo referencia al género de Palomares.
Añadió que tampoco ocupó expresiones de descalificación en contra de ella y manifestó que se está utilizando el argumento de la Violencia Política en Razón de Género como un ardid para evadir la crítica o los cuestionamientos y escrutinio público a los que están expuestos los personajes que ejercen cargos públicos.
No se puede asumir que cualquier comentario negativo o cuestionamiento hacia un servidor público, cuando se realiza en un contexto político, tenga como fin el menoscabo de los derechos político-electorales», acotó.
Soriano también expuso que no hay pruebas de cómo la publicación referida impactó en los derechos político-electorales de la denunciante, ya que el hecho de que las críticas puedan resultar incómodas o generen un debate público, no implica un daño a esos derechos.
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