El diseño de presupuestos con perspectiva de género permite desarrollar estrategias más efectivas para reducir las brechas existentes entre mujeres y hombres en áreas clave como educación, salud y empleo. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó la distribución del gasto público desde una perspectiva de género.
En el documento “Mujeres en el presupuesto. Distribución del gasto y desafíos”, el CIEP refiere que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se destinan 508 mil 727.4 mdp para la igualdad sustantiva. Aunque este monto es 9.6% mayor respecto de lo asignado en 2024, 52.5% de estos recursos corresponde a pensiones: 252 mil 370.7 mdp a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) y 14 mil 700 mdp a la pensión Mujeres Bienestar.
Si bien las transferencias monetarias reducen brechas económicas inmediatas, no transforman las dinámicas de desigualdad como la sobrecarga de trabajo no remunerado o el acceso limitado de las mujeres al empleo formal y a la educación.
La normativa mexicana obliga a garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y asignación de recursos públicos, sin embargo, esta se aplica de forma parcial, sin un enfoque transversal en todo el ciclo presupuestario, lo que limita su efectividad y deja retos en la asignación de los recursos públicos.
Al analizar la evolución del presupuesto para la igualdad sustantiva, el CIEP destaca que el incremento en los recursos asignados desde 2022 obedece a aumentos en programas como las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez y la PBAM.
Aunque la presente administración ha implementado acciones con enfoque de género como reformas constitucionales y la creación del programa Mujeres Bienestar y la Secretaría de las Mujeres, persisten retos como en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que permita redistribuir estas labores y, por ende, el desarrollo laboral y educativo de las mujeres.
En México, el presupuesto destinado a la igualdad de género no está logrando un cambio estructural. Es necesario un presupuesto con enfoque de género transversal e integral; esto implica no solo etiquetar recursos, sino garantizar que se destinen a políticas que realmente abonen en la reducción de las desigualdades estructurales.
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