El Ayuntamiento de Puebla clausuró el bar Mallet Social Club, ubicado en la Isla de Angelópolis, luego de la golpista que protagonizaron cadeneros contra clientes el pasado fin de semana.

Fue durante la tarde de este martes 4 de febrero cuando personal de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial colocó sellos en los accesos al local.

En un comunicado, el gobierno municipal especificó que la clausurar el inmueble fue por no dar aviso de la riña ocurrida afuera de dichas instalaciones, lo que infringe el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun), que señala que todo negocio tiene la obligación de reportar cualquier acontecimiento de riña en el interior o exterior del establecimiento a la autoridad.

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Es importante mencionar que los guardias de seguridad, o cadeneros,  del Mallet Social Club fueron grabados mientras golpeaban a cuatro personas, dos de ellas que quedaron en el piso y una inconsciente; entre esta personas, había un padre y su hijo que llegaron a reclamar la devolución de un teléfono móvil.

Mientras se daba la golpiza, dos elementos de la policía municipal (hombre y mujer) llegaron al lugar sin intervenir, lo que provocó enojo de los afectados.

De hecho en el video se ve cómo uno de los policías jala del brazo al hombre inconsciente que quedó casi debajo de una camioneta mal estacionada y con las puertas abiertas.

También, en otro video de lo ocurrido en el Mallet Social Club, se escucha como la esposa de uno de los heridos le reclama a los policías por no defenderlos, aunque también reconoce que su familiar ya estaba en casa, pero regresó al establecimiento a reclamar, de ahí que se originó la agresión.

Durante la mañana de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Francisco Sánchez González informó que se hará una revisión de la seguridad privada que tienen bares, antros y centros nocturnos.

La revisión se hará para garantizar que estos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas cumplan con la Ley aprobada el año pasado por el Congreso que exige que la seguridad sea contratada con algunas de las 252 empresas de seguridad privada autorizadas por la SSP.

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