Entre el 1 de septiembre y ayer, la Cámara de Diputados hizo realidad 13 de las 18 reformas constitucionales propuestas desde febrero por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, al cierre del primer periodo ordinario de la 66 Legislatura, también se concretaron tres iniciativas que la hoy presidenta Claudia Sheinbaum planteó a partir de octubre.
Esta productividad es superior a la alcanzada en 2012 con el Pacto por México, que derivó en 11 reformas estructurales.
Del llamado plan C ya se concretaron la reforma al Poder Judicial; en materia de pueblos indígenas; en materia de bienestar; mando militar a la Guardia Nacional; alza salarial por arriba de la inflación; rango constitucional de los apoyos a jóvenes; impulso a vías ferroviarias; devolver el carácter público a Pemex y CFE; protección y cuidado animal; extinción de 7 órganos autónomos; prisión preventiva oficiosa a más delitos; vivienda digna y prohibición de vapeadores y el fentanilo.
De las tres reformas que se avalaron en estos meses, y que son ajenas al plan C, dos fueron enviadas por la presidenta Sheinbaum para la igualdad sustantiva y otra para fortalecer las tareas de seguridad. Una más es para evitar que mediante recursos legales se reviertan cambios del Congreso a la Carta Magna.
De los pendientes del plan C, la única propuesta que abierta y declaradamente no se dictaminó en la legislatura anterior es la electoral.
En su momento tanto la presidenta Sheinbaum como los diputados de Morena declararon que el tema sería retomado en otro momento.
El dictamen en materia de austeridad en remuneraciones se encuentra listo para pasar al pleno de los diputados desde el 2 de agosto, cuando la Comisión de Puntos Constitucionales de la anterior legislatura la avaló por unanimidad, es decir, con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias.
Otras dos iniciativas constitucionales del plan C que quedaron pendientes de dictaminar son las de acceso universal a atención médica gratuita y de medio ambiente, que incluía derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua.
Se trata de temas que, sin embargo, se encuentran en su mayoría contenidos en otros ordenamientos secundarios que se aprobaron antes de que concluyera la administración de López Obrador, como son los relativos al cambio del desaparecido Insabi al IMSS-Bienestar; la confirmación de los bienes de la nación bajo el exclusivo control y explotación del Estado y su responsabilidad en la protección del medio ambiente.
(EXCÉLSIOR)
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