La creciente violencia y la inseguridad en Chiapas bajo la administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas han generado un clima de tensión que afecta gravemente a la economía, las comunidades indígenas y la sociedad en general, lo que ha provocado más de 15 mil personas desplazadas de distintos municipios.
Diversos sectores señalan al gobierno estatal de ser permisivo frente al incremento de la violencia en distintas regiones, esto se refleja en la percepción de la ciudadanía ante esta crisis que se vive dentro de la entidad.
Para Clara Guadalupe Sánchez Domínguez, del Comité de Participación Ciudadana de San Cristóbal de las Casas, la inseguridad en Chiapas ha alcanzado niveles preocupantes.
«A través de las encuestas de victimización estamos en una percepción de inseguridad de un 66 a 70%, lo que genera mucha intranquilidad, mucha inestabilidad en la ciudadanía”.
La población vive con el temor constante de convertirse en víctima de la violencia, lo que ha llevado a un ambiente generalizado de inseguridad, sobre todo en el punto medular del turismo, San Cristóbal de las Casas que es el punto de partida para una gran parte del estado.
Una de las problemáticas más graves en Chiapas es el desplazamiento forzado, que tiene sus raíces en la disputa por tierras y la presencia del crimen organizado, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, entre 2008 y 2023 se registraron 392 mil personas desplazadas en todo Chiapas.
En la comunidad de Polhó, en el municipio de Chenalhó, 275 personas de Santa Martha se han visto obligadas a vivir en condiciones precarias, tras ser expulsadas de sus tierras.
A decir de Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados de Santa Martha, fue obligado a abandonar su hogar debido a las presiones para adquirir armamento de alto calibre.
«Nos obligaron a comprar armas de grueso calibre, las mismas que usan los ‘ejércitos mexicanos’. Era obligatorio en cada comunidad”, aseguró.
La población vive con el temor constante de convertirse en víctima de la violencia, lo que ha llevado a un ambiente generalizado de inseguridad, sobre todo en el punto medular del turismo, San Cristóbal de las Casas que es el punto de partida para una gran parte del estado.
Una de las problemáticas más graves en Chiapas es el desplazamiento forzado, que tiene sus raíces en la disputa por tierras y la presencia del crimen organizado, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, entre 2008 y 2023 se registraron 392 mil personas desplazadas en todo Chiapas.
En la comunidad de Polhó, en el municipio de Chenalhó, 275 personas de Santa Martha se han visto obligadas a vivir en condiciones precarias, tras ser expulsadas de sus tierras.
A decir de Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados de Santa Martha, fue obligado a abandonar su hogar debido a las presiones para adquirir armamento de alto calibre.
«Nos obligaron a comprar armas de grueso calibre, las mismas que usan los ‘ejércitos mexicanos’. Era obligatorio en cada comunidad”, aseguró.
El desinterés de la administración de Rutilio Escandón Cadenas hacia el desplazamiento forzado ha permitido que el crimen organizado continúe expandiendo su influencia en la región. Se sabe que estos grupos exigen pagos de hasta 80 mil pesos a las familias que desean regresar a sus hogares y tierras de cultivo.
No es un secreto que la falta de acción gubernamental ante la creciente violencia y el desplazamiento forzado genera una incertidumbre que parece no tener fin en Chiapas.
Mientras tanto, miles de familias continúan viviendo en condiciones precarias, despojadas de sus hogares y tierras, con la esperanza de que la situación cambie; sin embargo, la respuesta del gobierno estatal sigue siendo insuficiente ante la magnitud de la crisis, dejando a muchas comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.
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