Los excesivos formalismos de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de Izúcar de Matamoros han impedido que la familia de María del Socorro Barrera, testigo protegida ejecutada el 20 de junio en la Carretera Internacional a Oaxaca, pueda recuperar el inmueble de su propiedad.
De acuerdo con testimonios compartidos a este reportero, las personas encargadas de la unidad en cuestión ya habían autorizado la liberación del autolavado en donde se registró el homicidio de la exfuncionaria municipal, que estaba apoyando el caso de las periodistas Hoyos López.
Sin embargo, de último momento, cambiaron la fecha y señalaron que hace falta una huella de la progenitora de la víctima.
Igualmente, pidieron nuevas declaraciones al padre de Socorro, el cual tuvo una intervención quirúrgica y no puede desplazarse hasta las instalaciones de la UIC.
Acerca de la motocicleta de la familia, que también fue incautada, autoridades solicitan declaraciones a los dueños para autorizar su liberación.
Este viernes se cumplen tres meses de la ejecución de la exfuncionaria municipal y no ha habido avances en la investigación correspondiente.
A finales de junio pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) y su titular, Gilberto Higuera Bernal, aseguraron que ya habían identificado a los dos sicarios de Socorro, subrayando que esperaban aprehenderlos a la prontitud.
Eso último no ocurrió y el caso ha sido dejado de lado tanto por autoridades municipales como estatales.
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