El estado de Puebla fue ubicado en el octavo lugar nacional en violencia electoral por el asesinato de actores políticos durante el proceso electoral 2024, de acuerdo con un ranking elaborado por la asociación civil «Causa en Común«.
En todo el país, la organización integrada por investigadores y ciudadanos han documentado un toral de 39 homicidios, de los cuales 27 se refieren a aspirantes o candidatos a puestos de representación popular.
Los otros doce son funcionarios públicos activos, dirigentes y colaboradores partidistas, según el recuento presentado el pasado viernes 19 de abril.
En el caso de Puebla se destaca que son dos los casos de actores políticos asesinados durante el proceso electoral, siendo el más destacado el de Jaime González Pérez, candidato de Morena-PT a la presidencia municipal de Acatzingo, que fue acribillado frente a su esposa e hijos, el 23 de marzo de 2024.
También se nombra a Javier Torres Barrera, cuyo homicidio se registró el 14 de julio de 2024 en Chiautla de Tapia, que era aspirante a candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional (PAN). El político fue asesinado, presuntamente por sujetos desconocidos que lo sacaron de un rancho.
De este último caso, se sabe que el cuerpo fue localizado horas después en un paraje ubicado cerca de la comunidad San Juan del Río, y una persona identificada como Francisco N. fue detenida.
Violencia electoral en 15 estados: Causa en Común
Los estados con más violencia electoral durante estas elecciones son: Guerrero con 9 caos; Michoacán con 6; Chiapas con 3; Guanajuato con 3 y Veracruz con 3.
Los estados de México, Jalisco, Puebla, Zacatecas y Oaxaca acumulan dos casos cada uno, mientras que Ciudad de México, Colima, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas registran uno, respectivamente.
El partido político con más casos es Morena con 16, seguido del PAN con 7 y el PRI con 4, precisó Causa en Común.
La violencia electoral, según Causa en Común, se define como: El uso de la fuerza física, intimidación, coacción u otras formas de violencia, para influir en el proceso democrático de una elección, ya sea para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto libremente o para manipular los resultados de la elección.
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