En 24 horas tres jóvenes menores de 30 años fueron atropellados y asesinados por conductores con prisa. ¿Qué carajos falta para que entendamos que urge actuar y tomar decisiones que impidan más muertes viales?
En menos de 24 horas, tres ciclistas perdieron la vida en accidentes de tránsito en México. Patricia, de 26 años, fue atropellada por un camión mientras conducía una bicicleta pública sobre la Avenida Chapultepec, en la Ciudad de México. Gabriela, de 20 años, fue arrollada al salir de su universidad al oriente de la capital. Emmanuel Vara Zenteno, de 28 años, fue atropellado por una unidad de transporte público mientras conducía su bicicleta en Puebla. Se desempeñaba como secretario de Movilidad del Ayuntamiento de esta ciudad y era un activista a favor de la movilidad no motorizada. La muerte del funcionario fue trending topic en México este miércoles.
Estos fallecimientos también abrieron el debate sobre la Ley General de Seguridad Civil, una iniciativa elaborada por decenas de organizaciones a favor de la movilidad sustentable y la seguridad en vialidades. Xavier Treviño, co-director de Céntrico, una asociación de análisis de políticas de transporte que participó en la redacción de este proyecto, cuenta a Verne que diariamente se registran 43 muertes en accidentes de tránsito, en donde los peatones y ciclistas son los más vulnerables. “La seguridad vial tiene varios enfoques, como salud y seguridad pública, además aplicación de la ley y planeación urbana”, dice, vía telefónica.
De acuerdo con la propuesta presentada en la Cámara de Diputados el año pasado, se trata de una Ley General, que a diferencia de una Ley Federal, “es una ley que distribuye competencias concurrentes entre Federación, Estados y Municipios”. En ese sentido, tendría que existir una colaboración estrecha entre los tres niveles de Gobierno para aplicar correctamente esta ley.
La seguridad de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas es un asunto contemplado en diversas leyes en México. Areli Carreón, coordinadora de políticas públicas de la asociación ciclista Bicitekas, explica a Verne que existen más de 2.000 reglamentos de tránsito que se aplican en Estados y municipios, además de consideraciones establecidas en otras legislaciones. “Nadie sale a la calle buscando matar o morir, todos queremos llegar a nuestros destinos y por eso necesitamos una regulación nacional que construya una cultura de seguridad vial”, dice vía telefónica.
Según Treviño, la Ley General de Seguridad Vial contempla más atribuciones para la Secretaría de Gobernación en materia de emisión de licencias de conducir, de placas y de aplicación de leyes. “Hoy puedes violar el reglamento en la Ciudad de México y no pasa nada si tienes placas de otros Estados, simplemente haces tus trámites en la entidad de al lado”, dice.
Carreón detalla que este mecanismo podría mejorar para que las personas que no cumplan con los estándares mínimos de seguridad no sigan conduciendo vehículos. “Es muy fácil que alguien se vaya a otro Estado a sacar una nueva licencia si te la quitan en otro y esta ley permitiría tener coordinación entre varios niveles”, dice.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2017 se registraron más de 367.000 accidentes de tránsito y en donde el 4,6% de las víctimas fallecieron. “La seguridad vial en esta Ley está centrada en el bienestar de las personas”, detalla Carreón, quien es también la alcaldesa emérita de la bicicleta en la Ciudad de México.
Treviño detalla que esta ley también contempla nuevos estándares de diseño vial, reducción de velocidad en calles y avenidas, entre otros mecanismos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. “Ya está elaborada y solo hace falta hacer adecuaciones, pero pretendemos impulsarla en las comisiones de Desarrollo Urbano y Movilidad en ambas cámaras”, dice.
Nueve de cada diez accidentes de tránsito en el país se pueden prevenir, por lo que se buscará que se legisle en ambas cámaras lo antes posible. “No queremos que haya pretextos para no tener una ley de esta naturaleza, ya que actualmente no existe una que te obligue a cumplir obligaciones de seguridad”, concluye Carreón.