Cinco regidores se quejan que a tres meses de que el Congreso del Estado reprobó la cuenta pública 2017 no ha pasado nada.
Cinco integrantes del Ayuntamiento de Quilehtla, solicitaron a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Isabel Maldonado Textle, que inicie las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra del alcalde, Óscar Pérez Rojas, por el probale delito de daño patrimonial por la cantidad de siete millones 180 mil 516. 89 pesos.
Se trata de los regidores Margarito Ibáñez Juárez, Eva Pérez Rojas, Eliseo Rojas Pichón, Pablo Pichón Pichón, y José Hilario Rojas Pérez, quienes exigieron mediante oficio a los diputados locales y a la auditora del Estado que se lleven a cabo los procesos sancionatorios contra el edil y quiénes resulten responsables del probable daño patrimonial.
Para ello, recordaron que la pasada legislatura local dictaminó como reprobada la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2017 del municipio de Quilehtla, como resultado del informe de la revisión y fiscalización de los estados financieros del Ayuntamiento encabezado por Óscar Pérez.
Refirieron que el Pleno del Congreso del Estado el 21 de agosto de este 2018, declaró como reprobada la cuenta pública del municipio de Quilehtla al no haber solventar en su momento las observaciones hechas por el OFS por lo que se generó un probable daño patrimonial por siete millones 180 mil 516.89 pesos del presupuesto devengado al 31 de diciembre del 2017 que fue de 52 millones 464 mil 417.38 pesos.
Sin embargo, tres meses después de esa resolución, aún no se inician los procedimientos para deslindar alguna responsabilidad al presidente municipal, motivo por el cual los regidores pidieron a la auditora que realice la presentación de las denuncias que correspondan ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la probable comisión de los delitos de daño patrimonial, además lleve a cabo el procedimiento para fincar las responsabilidades indemnizatorias que le faculte la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en contra del alcalde y del personal que haya incurrido en esas acciones que van en perjuicio de la comuna.
Agregaron que la intervención de la titular del OFS, “servirá para sancionar estas conductas y estos abusos que lastiman mucho a la sociedad y particularmente a la población del este municipio. Pongamos un alto a la corrupción, no queremos que queden impunes estas faltas y abusos, que podrían ser también acciones constitutivas de delitos”.