Hay incremento en los delitos de extorsión, secuestros, robo con violencia y asesinatos en los municipios colindantes de Hueytamalco, Puebla y Papantla, Veracruz.


El ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Lastiri Quirós, urgió a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala, José Antonio Gali Fayad y Marco Antonio Mena Rodríguez  reunirse para solucionar los problemas de inseguridad en carreteras que conectan ambas entidades.

El también ex funcionario federal, sostuvo que la delincuencia vulnera la seguridad de las familias que viven en la Sierra Norte y que conecta con el vecino estado de Tlaxcala.

“A nombre de serranos poblanos y paisanos tlaxcaltecas, pedimos urgentemente reunirse sin importar el partido político, para revisar estrategia de seguridad en esta zona. La delincuencia está vulnerando a familias y a la región, por favor alguien tome la iniciativa”.



En la misma tónica se pronunció la diputada federal por Encuentro Social (PES), Claudia Báez Ruiz, quién presentó un punto de acuerdo para que los gobiernos de Puebla y Veracruz implementen un nuevo plan en materia de seguridad pública estatal.

En la propuesta, la representante por el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, señala que se ha dado un incremento en los delitos de extorsión, secuestros, robo con violencia y asesinatos en los municipios colindantes de Hueytamalco, Puebla y Papantla, Veracruz.

En concreto, refiere que una de las poblaciones más afectadas es Insurgentes Socialistas, localizada en el municipio de Acateno, lugar en el que las familias dedicadas al cultivo de cítricos se han visto afectadas por la presencia del crimen organizado.

«El incremento que ha tenido la incidencia de delitos de alto impacto (…), entendemos que, a mayor bienestar económico en la población productora, se incrementa la inseguridad, toda vez que los secuestros, asesinatos, robos con violencia y extorsiones son hechos que a diario ocurren en la localidad de Insurgentes Socialistas y los municipios colindantes ya mencionados», dijo la diputada.

«En el mes de septiembre del presente año, más de 200 hechos con apariencia de delito fueron cometidos en contra de la población generalizada de los municipios colindantes a la localidad de Insurgentes Socialistas, siendo víctimas de asesinatos, secuestros, robos a mano armada y extorsiones. La población, desesperada por estos hechos, decidió dejar de trabajar e incluso cerrar las escuelas (…) El crimen organizado no diferenció a las víctimas, ya que agricultores, jornaleros, productores, ganaderos, acopiadores de cítricos, comerciantes, estudiantes, personal docente, personas de la tercera edad y profesionistas fueron las victimas de múltiples delitos de alto impacto», relató.

(Con información de Jesús Lemus y E-consulta)

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