Es fundamental evaluar el desempeño legislativo, recordando que la democracia es un bien frágil que depende de la vitalidad de sus instituciones. La democracia no es solo una formalidad; requiere un funcionamiento efectivo de las instituciones para preservar su esencia, subrayó Mathias Nebel, Director del Instituto Promotor del Bien Común de la UPAEP, al presentar el “Reporte de Actividades del Segundo Año de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla”.
Para llevar a cabo esta evaluación, el Dr. Nebel explicó la metodología utilizada por el observatorio legislativo, que aborda tanto aspectos cuantitativos como cualitativos. La evaluación cuantitativa se centra en verificar el cumplimiento de los elementos fundamentales de un congreso, mientras que la evaluación cualitativa se basa en una metodología propuesta por la Unión Interparlamentaria, que analiza cinco dimensiones esenciales del trabajo legislativo.
El trabajo fue hecho por analistas de la UPAEP, la Universidad de las Américas Puebla, el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Puebla, la Ibero Puebla, y la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
Señaló que las cinco dimensiones evaluadas son:
Representatividad: El Parlamento debe reflejar la diversidad de la población. La representatividad del Congreso de Puebla obtuvo un promedio de 2.47 sobre 5, mostrando deficiencias en la representación de poblaciones indígenas y de género.
Control Ejecutivo: El Congreso de Puebla recibió una puntuación baja de 1 sobre 5 en esta dimensión, indicando la falta de facultades legales para ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo, lo cual es esencial para el buen funcionamiento de la democracia.
Capacidad Legislativa: Con un promedio de 2.30 sobre 5, se identificó una actividad legislativa regular. Sin embargo, se destacó la demora de 53 días para aprobar una iniciativa y un significativo retraso en la atención de propuestas de ley, planteando interrogantes sobre la eficiencia legislativa.
Transparencia y Accesibilidad: La transparencia y accesibilidad del Parlamento obtuvieron una puntuación baja de 2.11 sobre 5, evidenciando dificultades para que la sociedad civil acceda a la información del Congreso.
Obligación de Rendir Cuentas: Esta dimensión recibió la puntuación más baja, con un 1.45 sobre 5. Se señaló la falta de explicaciones sustanciales por parte de los legisladores sobre sus decisiones, lo que limita la rendición de cuentas a los ciudadanos.
El informe revela una evaluación general de 2.05 sobre 5, destacando áreas de mejora significativas en todas las dimensiones analizadas, subrayó que el propósito de este reporte no es castigar al Legislativo, sino colaborar con la sociedad civil y las universidades para mejorar el trabajo parlamentario y fortalecer la democracia en el estado de Puebla.
Mientras que María del Rosario Andrade Gabiño, coordinadora Académica del Instituto Promotor del Bien Común de la UPAEP, continuó la presentación del reporte, detallando aspectos cruciales del segundo año legislativo en Puebla. Agradeció a los profesionales de las distintas universidades que colaboraron en la evaluación cualitativa del Congreso, resaltando la importancia de un enfoque preciso y detallado.
En cuanto a la composición del Congreso, la Mtra. Andrade informó que esta legislatura es histórica al tener la mayoría de mujeres, con 21 de los 41 diputados siendo mujeres, marcando un avance significativo en la representación de género en la política poblana.
Uno de los puntos analizados fue la puntualidad y la asistencia de los legisladores a las sesiones. Se destacó que, a pesar de algunos retrasos iniciales de hasta una hora y media en una sesión, en promedio, las sesiones comenzaron con un retraso de 32 minutos. Se subrayó la importancia de no solo asistir sino también participar en las votaciones, y se notó un aumento en la asistencia y participación en comparación con el año anterior.
Necesidad de mejorar la eficiencia legislativa: UPAEP
En relación con las iniciativas, se presentaron 642 en el segundo año legislativo. De estas, se aprobaron 84, y los diputados también lograron aprobar 43 iniciativas que se habían propuesto desde el primer año legislativo. Sin embargo, la Mtra. Andrade resaltó el desafío existente, ya que el Congreso acumula un total de 952 iniciativas pendientes, reflejando una necesidad de mejorar la eficiencia legislativa.
La evaluación detallada de las iniciativas reveló que, en promedio, se tardan 53 días en aprobarse desde que se presentan en el Pleno y se turnan a comisiones. Se destacó la disparidad en el tiempo de aprobación entre las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo y las presentadas por diputados individuales, señalando la necesidad de abordar esta discrepancia.
En cuanto a los temas más legislados, justicia y estado de derecho ocuparon los tres primeros lugares, seguidos por temas específicos relacionados con mujeres y asuntos fiscales. Se identificaron áreas de oportunidad en temas como pobreza, política social, salud y migración, que no fueron legislados de manera significativa.
La Mtra. Andrade también mencionó tres leyes cruciales aprobadas durante el segundo año legislativo. La reforma en materia judicial fortaleció la transparencia y eficacia del Poder Judicial. La tipificación de los ataques de ácido como tentativa de feminicidio y la ley «Monzón» para proteger los derechos de la niñez fueron destacadas como avances importantes.
Por su parte, Othón Ordaz Gutiérrez, integrante del Instituto Promotor del Bien Común, de la UPAEP, abordó tres puntos clave que resaltan la importancia de mejorar el desempeño legislativo en Puebla.
En primer lugar, se destacó la demora y la baja eficiencia en el trabajo legislativo, evidenciado por el 13% de eficiencia en la aprobación de iniciativas. Este porcentaje se considera significativamente bajo, y Ordaz Gutiérrez planteó la necesidad de incrementar esta dimensión para garantizar un mejor desarrollo legislativo.
En segundo lugar, se señaló que, aparentemente, el Poder Ejecutivo tiene una capacidad legislativa mayor que el propio Parlamento. Esto plantea un desafío importante en términos de equilibrio de poderes y destaca la necesidad de fortalecer la capacidad legislativa del Congreso en relación con la propuesta y aprobación de leyes.
En tercer lugar, se hizo hincapié en la discrepancia entre las prioridades legislativas y las necesidades reales del país. La percepción de las áreas que se priorizan en la legislación puede diferir de lo que se considera como las verdaderas prioridades de la población. Este desfase requiere una revisión y alineación más estrecha con las necesidades y demandas de la sociedad.
Además de estos puntos, se realizó un breve análisis presupuestal, destacando el aumento del 17% en el presupuesto del Poder Legislativo entre 2002 y 2023. Aunque se observó un aumento considerable, también se mencionó la importancia de evaluar cómo se asigna y utiliza este presupuesto. Se subrayó que el Congreso de Puebla ha obtenido una alta calificación (9.9) en transparencia presupuestal según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Othón Ordaz compartió datos sobre el gasto del presupuesto legislativo, destacando que la mayoría de los recursos se destinan a servicios generales y servicios personales. También se informó sobre el costo mensual para los ciudadanos por cada diputado, que asciende a casi 97 mil pesos, considerando elementos adicionales que reciben los diputados.
Se abordó la paridad de género en el personal operativo del Congreso, señalando que, a pesar de avances anteriores, se ha observado un ligero desequilibrio en el aumento de trabajadores varones en este segundo año legislativo.
El análisis concluyó con una invitación a explorar el sitio web del Observatorio Legislativo, donde se pueden encontrar datos detallados y filtrar información sobre legisladores, sesiones plenarias, iniciativas y más.
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