La iniciativa considera limitar la renovación de parque vehicular cada seis años, cuando sea pérdida total o sujeto de robo, y que los gastos de mantenimiento no excedan los 362 mil 700 pesos.
La coalición Juntos Haremos Historia presentó su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, que tiene como objetivo acabar con diversos beneficios que recibe personal del Poder Ejecutivo, Local y Judicial.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, quien puntualizó que esta reforma acabará con los “sueldos paupérrimos y funcionarios sultanes”.
Aunque la iniciativa será analizada en la Comisión de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, el también coordinador de los diputados locales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aclaró que los funcionarios no deberán ganar más de 60 mil 450 pesos.
En el tema de compra de automóviles, siempre y cuando hayan cumplido seis años de uso, que sea pérdida total o robo, además de que el costo de mantenimiento acumulado sea igual o mayor a la unidad o por robo o pérdida total, se excederán los 362 mil 700 pesos.
En el tema de viajes y que no aplicará para el gobernador en turno, deberán autorizarse por entes públicos, organismos autónomos, dependencias, entre otras y solamente serán dos veces al año y por algo estrictamente obligatorio.
«En los compromisos que en campaña adoptamos hacia la ciudadanía. Estamos obligados a adoptar preceptos vinculantes que obliguen a los funcionarios del estado en su totalidad, y en particular a los mandos medios y superiores del gobierno, a vivir en la justa medianía que la nación y su ciudadano requieren para dignificar y honoríficas el servicio y la función pública», dijo.
Aseguró que habrá gastos eficientes en las dependencias, organismos y Poderes del Estado de Puebla, para evitar que funcionarios o directores sigan comprando muebles de lujo.
Destacó que los ahorros que se obtengan en Puebla, se destinarán para combatir la pobreza en los municipios más pobres, que se conocerán con base en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).