La transformación de Ecuador en un importante eje para el tráfico de drogas y el consiguiente aumento de la violencia desde hace tres años pesa sobre la nación luego del asesinato de un candidato presidencial que había luchado durante toda su vida contra la delincuencia y la corrupción.
Seis colombianos fueron detenidos el jueves en relación con el asesinato de Fernando Villavicencio en la víspera en la capital, Quito. No era uno de los favoritos, pero su asesinato a plena luz del día y a menos de dos semanas de unas elecciones presidenciales extraordinarias subrayó la escala del desafío que enfrentará el próximo líder de Ecuador en cualquier intento de frenar a las bandas y cárteles cuya actividad se ha cobrado miles de vidas.
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El informe de la detención revisado por The Associated Press mostró que los hombres fueron capturados cuando se escondían en una casa en Quito. Las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el reporte, incautaron además cuatro pistolas, un rifle del calibre 5.56 mm, munición y tres granadas, además de un auto y una motocicleta.
El ministro del Interior, Juan Zapata, describió el asesinato como un “crimen político con carácter terrorista” que buscaba sabotear los comicios del 20 de agosto. El informe policial no precisó si los arrestados formaban parte de algún grupo criminal. Pero Zapata, quien confirmó la detención de varios extranjeros sin revelar sus nacionalidades, dijo que los sospechosos estaban vinculados al crimen organizado.
Villavicencio, de 59 años, había reportado amenazadas de miembros del cártel mexicano de Sinaloa, uno de los numerosos grupos internacionales de delincuencia organizada que operan ahora en Ecuador. El político indicó que su campaña representaba una amenaza para estas organizaciones.
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“El pueblo ecuatoriano está llorando y Ecuador está herido de muerte”, afirmó Patricio Zuquilanda, asesor de campaña de Villavicencio.
Con cerca de 640 kilómetros (400 millas) de costa en el Pacífico, puertos de mercancías y algunas exportaciones clave, Ecuador ha pasado de ser un actor menor en el negocio de la droga a convertirse en un gran centro regional para el tráfico de cocaína.
La lucha cada vez más intensa por el poder y el territorio desde la pandemia del COVID-19 ha derivado en pugnas entre los cárteles y en el reclutamiento de bandas locales, e incluso niños, lo que deja a los ecuatorianos sumidos en una violencia sin precedentes.
“Ecuador tiene la desgracia geográfica de estar encajado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, y en la base de todo esto hay un cierto grado de debilidad institucional en el poder judicial, la policía y el ejército”, indicó Cynthia Arnson, investigadora del Wilson Center, con sede en Washington, y experta en Latinoamérica.
El asesinato muestra que “los actores criminales, conectados probablemente con el crimen organizado en Ecuador, sienten que pueden actuar con impunidad, llegando incluso a asesinar a un candidato político anticorrupción”, agregó.
La Policía Nacional ecuatoriana documentó 3.568 muertes violentas en los seis primeros meses de este año, muy por encima de las 2.042 reportadas en el mismo periodo de 2022. Ese año terminó con un total de 4.600 muertes violentas, el récord en la historia del país y el doble del total de 2021.
El mes pasado, el alcalde de la ciudad portuaria de Manta fue asesinado a tiros. El presidente del país, Guillermo Lasso, declaró entonces el estado de excepción en dos provincias y en el sistema penitenciario del país en un intento por frenar la violencia.
En un video de su último acto de campaña publicado en redes sociales se ve a Villavicencio saliendo del recinto educativo donde se celebró rodeado de policías, que le ayudan a subir a un vehículo blanco. Entonces se escuchan disparos, seguidos de gritos y conmoción en torno al auto.
Foto: Especial