La Comisión emitió la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves en contra del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos durante el operativo que realizaron el pasado 3 de mayo de 2017 en la comunidad de Palmarito Tochapan, que pertenece al municipio de Quecholac.
De acuerdo con la recomendación 12VG/2018 las autoridades durante un enfrentamiento armado y posterior a este, incurrieron en ejecución arbitraria de dos hombres, trato cruel contra 12 personas, la retención ilegal de 9 adultos y 4 infantes, la manipulación de un cadáver y la “siembra” de armas largas a dos personas fallecidas.
La recomendación va dirigida también a los titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla (José Antonio Gali Fayad), así como al fiscal General del Estado de Puebla,y el presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
La recomendación de la CNDH se basa en una investigación efectuada por la instancia defensora de derechos humanos y los vídeos proporcionados en los que se observar aspectos del operativo, enfrentamiento y detenciones. También se practicaron peritajes de balística para determinar si los hombres murieron como lo reportaron las autoridades.
Es necesario citar que una semana después del enfrentamiento en el que murieron seis civiles y cuatro militares, se difundió un video en el que se observaba a un militar disparar a la cabeza de un civil que ya estaba en el suelo. Sin embargo, ahora, al emitir la recomendación la CNDH reveló que aquella noche ocurrieron dos ejecuciones similares más.
La primera estaría atribuida a un elemento plenamente identificado del 17 Batallón de Policía Militar, mientras que el segundo elemento del Ejército no pudo ser identificado por la CNDH.
Al informar sobre los resultados de su indagatoria, la CNDH reprochó que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a entregarle copias de la carpeta de investigación por estos hechos, lo que consideró una obstrucción al acceso a la justicia de las víctimas.
Mientras que Petróleos Mexicanos, la PGR y hasta el Tribunal Superior de Justicia de Puebla cometieron violaciones a la legalidad, a la verdad, a la seguridad jurídica y a la debida procuración de justicia.
CNDH pide al gobierno detener violencia en 23 municipios poblanos
En la recomendación, la CNDH pide al gobernador, José Antonio Gali Fayad detener la violencia y la criminalidad que impera en la «Franja del Huachicol» y establece un periodo de seis meses para implementar políticas públicas adecuadas para solucionar la problemática que generó el enfrentamiento el pasado 3 de mayo de 2017.
En este sentido se solicita a fortalecer, conjuntamente con las diversas autoridades de los Municipios de Acajete, Acatzingo, Ahuazotepec, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Esperanza, Huauchinango, Huejotzingo, Jalpan, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Puebla, Quecholac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, Tecamachalco, Tepeaca, Tlahuapan, Tlaltenango, Xicotepec y Venustiano Carranza, dentro del término de 6 meses, nuevos mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y atender problemáticas relacionadas con los temas de desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, derecho a la educación, alimentación, salud, acceso al agua, a la vivienda digna y decorosa, al interés superior de la niñez y al mínimo vital.
«Coadyuvar con las autoridades municipales la denominada “Franja del Huachicol”, en el Estado de Puebla, en un lapso no mayor de 6 meses, en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales, para profesionalizar a sus integrantes y garantizar la debida prestación del servicio público en materia de seguridad pública, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.
«Elaborar, en el término de 6 meses, en coordinación con las autoridades de los Ayuntamientos programas específicos de prevención del delito, poniendo especial atención en las zonas de dichos municipios identificadas con mayores índices de criminalidad, y se remitan a este Organismo Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento».
En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública se debe formular ante el Consejo de Honor y Justicia quejas contra dos policías por las omisiones que se observaron en los dictámenes emitidos respecto de las lesiones que
sufrierondos militares y 6 civiles.
Para leer la recomendación completa ir a: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_012.pdf