La diputado local del PT, Nora Merino Escamilla, presenta este jueves en el Congreso de Puebla un conjunto de tres iniciativas sobre lo que llama, junto con grupos de activistas: sicariato digital o ciber violencia política, lo que sería legislado por primera vez en el país.
Asimismo, explicó que su planteamiento busca defender a las personas que hayan sufrido intervención, hackeo o robo de datos, imágenes, videos o audios de sus redes sociales, correos electrónicos o cualquier espacio digital, sin su consentimiento, lo que, a la postre sirvió para que fueran objeto de ofensas y múltiples tipos de violencia.
Tras resaltar la urgencia de promover la propuesta antes de iniciar las elecciones de 2024, abundó que inicialmente busca la modificación del Código Penal para tipificar “Delitos Informáticos entre Particulares”, el cual definirá hackeo, intervención, compra, venta, distribución de datos, imágenes, audios o videos de cualquier espacio digital o TICs obtenidos sin su consentimiento.
De esta manera, destacó que las víctimas podrán denunciar este delito, ya que actualmente no existe y no puede ser sancionado, más que por ciberacoso, amenazas o robo, el cual queda acotado en sus alcances.
Con este cambio en el Código Penal, la legisladora abundó que se establecería una pena de 3 a 6 años de cárcel, con agravante en caso de que la víctima sea una mujer o menor de edad, lo que aumentaría a 10 años la sanción máxima, como también si el delito es cometido por un partido político, candidato, precandidato, servidor público o medio de comunicación; además de ordenar el retiro de redes sociales o espacios digitales todos estos materiales de manera inmediata, en caso de presentación de la denuncia.
En su planteamiento, Merino Escamilla también trata de aumentar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Puebla, con la incorporación de dos conceptos importantes: Ciberviolencia política en contra de las mujeres y ampliar a la violencia digital no sólo para contenido erótico o sexual, sino para cualquier tipo de violencia cometida en las TICS o cualquier espacio digital.
De esta manera, en caso de ser aprobada la iniciativa por la LXI Legislatura, comentó que se amplía en el capítulo de órdenes y medidas de protección el derecho a solicitar que sea bajada la información, datos, audios, o videos que violenten a las mujeres; además de fortalecer las políticas públicas de la Secretaría de Seguridad Pública y de las dependencias del ramo en los ayuntamientos para prevenir, atender y coadyuvar en las investigaciones de posibles delitos cibernéticos.
Finalmente, plantea la incorporación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado una nueva fracción para establecer como facultad de la (SSP), la implemtación de la Estrategia Estatal de Ciberseguridad para garantizar a personas físicas o morales, en las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones o cualquier espacio digital.
Por tanto, también subrayó que se fortalece «la obligación de coadyuvar con la Fiscalía General del Estado la investigación de delitos, así como ejecutar programas de ciberseguridad con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género con la Policía Estatal Cibernética.
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