La mayoría de Morena y sus aliados concretaron la iniciativa presidencial que extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, abrogando su Ley Orgánica.
El dictamen, enviado a los senadores para continuar con el proceso legislativo, fue aprobado con 254 votos de representantes de Morena, PT y PVEM, mientras la oposición sumó 209 en contra.
El argumento de la mayoría es que el este organismo descentralizado no contribuía más al desarrollo del campo y se había convertido en un espacio de deuda y de “reciclaje del dinero público hacia el privado”, de acuerdo con las palabras del diputado Benjamín Robles Montoya (PT)
Según el legislador petista, los beneficiarios de los créditos devolvían “nada o muy poco” al Estado.
Ejemplificó Robles Montoya que “10 de sus clientes concentran el 50 por ciento del total de la cartera vencida”. Y que, en el 2021, “colocaron un total de 48 mil millones de pesos, de los cuales 21 mil 500 se los pasaron a los intermediarios ¡Vaya negocio!”
Por Morena, la diputada Paola Tenorio Adame sostuvo que la Financiera Rural presenta un grave desequilibrio financiero y una cartera vencida de 8 mil 454 millones de pesos porque en su administración faltó eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, por lo que su extinción resultaba necesaria. “Los créditos no eran para impulsar el desarrollo agrario, sino para el compadre, el amigo y el aliado, a cambio de una cuota”, resumió.
Elaborado por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo y Conservación Rural, y de Ganadería, el dictamen experimentó sólo un cambio, a propuesta del jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier Velazco, para que se aclarara que las personas trabajadoras jubiladas y pensionadas del Sistema Rural continuarán a cargo del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, operado por el instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y no afectarán los derechos adquiridos por la entrada en vigor del presente decreto.
La extinción y liquidación quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y habrá de realizarse en un plazo de 180 días, una vez que entre en vigor el decreto.
Vía Excelsior
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