El pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP), instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), en asuntos por separado, para que den a conocer la estadística sobre la intervención de telecomunicaciones durante 2022, así como el estudio para justificar el aumento de la tarifa del transporte público de 7 a 8 pesos la parada mínima, más 0.33 centavos por kilómetro adicional. 

Esto luego de resolver los recursos de revisión promovidos por ciudadanos, quienes manifestaron su inconformidad sobre la respuesta que dieron la PGJE y la SMyT, violando su derecho a la información pública. 

Por un lado, la PGJE respondió que una parte de la información solicitada por el ciudadano no existe y otra es información reservada. Sin embargo, los comisionados coincidieron en que la respuesta de la procuraduría no se sostiene debido a que no entregó la información que justifique legalmente la reserva y la inexistencia de dichos datos. 

Por otro lado, la SMyT justificó el aumento del pasaje a través de criterios como la inflación estatal y que desde diciembre de 2017 la tarifa no tuvo modificaciones, respuesta que no cumplió con el requerimiento del ciudadano. 

Tras el análisis del reglamento de la ley estatal de movilidad y transporte, los comisionados coincidieron en que los artículos 72, 73 y 74 prevén que la vigencia de las tarifas, en efecto, corresponden a la secretaría, pero que la dependencia está obligada a justificar el aumento con base a un «estudio» modificatorio. 

Con estos razonamientos, el Consejo General del IAIP ordenó a la PGJE y a la SMyT entregar los informes que justifiquen la reserva e inexistencia de la información, o bien, entregar la información solicitada. También ordenaron la entrega, en un plazo menor a 10 días hábiles, del estudio que justifica el aumento de la tarifa del transporte público.

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