Los Congresos de Puebla y Tlaxcala forman parte de los 13 que no han reformado las normas estatales para reconocer en sus leyes electorales acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad y su representación política.
De acuerdo con el estudio «Acciones afirmativas para garantizar la representación política de grupos históricamente discriminados y subrepresentados» del Instituto Belisario Domínguez, en estas entidades hay un retroceso que impide la igualdad de representatividad de indígenas, comunidad LGBTI+, migrantes y otros grupos que históricamente se les ha negado el acceso a un sistema electoral heteronormado, androcentrista y «blanco».
El análisis detalla que si bien algunos estados no han impulsado reformas a las leyes electorales, sí lo han hecho a través de sentencias, en tribunales e institutos electorales y otros mecanismos.
Nula apertura en Congresos de Puebla y Tlaxcala
Por ejemplo, en Puebla y Tlaxcala aún no hay acciones afirmativas para reconocer la representación política de personas o comunidades indígenas; sólo 14 entidades han modificado sus reglas para garantizar su acceso.
Tampoco han legislado para reconocer la representación política de las personas afromexicanas ni para las personas con discapacidad; solo Guerrero y Coahuila reconocen acciones afirmativas en el primer caso y Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz en el segundo caso.
Por otro lado, los Congresos de Puebla y Tlaxcala tampoco han legislado para reconocer acciones afirmativas para la representación politica de las personas de la diversidad sexual; solo Colima, Nuevo León y San Luis Potosí tienen reformas de este tipo.
En el mismo caso, ambas entidades no han modificado sus leyes para garantizar la representación de personas migrantes o residentes en el extranjero; tampoco para la representación política de los jóvenes.
El análisis señala que esta omisión de los Congresos estatales refleja la nula apertura de los diputados para incluir a poblaciones históricamente lanzadas a la periferia del poder y la administración pública. Supone, en el fondo, la conciencia sobre los niveles institucionales de la discriminación y el rechazo a la diferencia.
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