Tlaxcala tuvo cero en construcción y efectividad de mecanismos para medir el alcance, distribución y resultados de los programas; en Puebla solo en 7.8% desarrollan mecanismos institucionales
Tlaxcala es una de las 17 entidades con programas sociales para combatir la pobreza que incumplen con la institucionalidad mínima para su correcta y transparente operación, refiere el informe sobre «Derechos Humanos y Pobreza» de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el análisis respecto a las políticas públicas frente a la pobreza, los 65 programas que operan en el estado de Tlaxcala no cumplen con las reglas mínimas, salvo Jalisco y Ciudad de México; el informe además indica que hay 17 entidades donde ningún programa cuenta con institucionalidad, es decir, no tiene reglamentos de operación ni presentan la información sobre los gastos, resultados y alcances de los programas sociales.
Tlaxcala opera 65 programas para combatir la pobreza y obtuvo en la última evaluación del Coneval, una calificación de 0.0 por ciento respecto a la institucionalidad mínima requerida; mientras que Puebla opera 104 programas sociales, de los cuales, solo ocho de ellos cuenta con institucionalidad, lo que representa el 7.8 por ciento del total de las ayudas para los sectores vulnerables.
A nivel nacional el informe revela que sólo el 18 por ciento del total, 42 de los 232 programas federales, tienen una cobertura mayor a 50 por ciento de la población potencial a la que deben llegar; es decir, más del 80 por ciento de los programas no cubren siquiera a la mitad de la población que debieran atender.
Asimismo, de dos mil 528 programas ejecutados por los gobiernos estatales y contabilizados por Coneval en su inventario, únicamente 126 cuentan con la mínima institucionalidad requerida; es decir, están previstos en el presupuesto de egresos, reportan en la cuenta pública y tienen un documento normativo. En cambio, sólo el 5 por ciento del conjunto de programas estatales cumplen con aspectos mínimos de institucionalidad.
«Con esto, el panorama de los programas de los gobiernos estatales es aún más desolador. Su problema de cobertura es obvio, pero no es mesurable, porque no cumplen con las mínimas condiciones de institucionalidad para ofrecer información que permita conocer sus resultados», concluye el informe.