Después de Honduras y Colombia, México es el tercer país más letal para la defensa del territorio
La metodología de ecología integral se desprende de la encíclica Laudato Si’ (2015), un texto en el que el papa Francisco exhorta a la humanidad a replantear la forma en que se relaciona con el medioambiente. Cuando se articula con el paradigma de derechos humanos se puede aspirar a una justicia socioambiental: el cuidado del territorio como un bien común.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se ha dedicado a acompañar el caminar de decenas de comunidades originarias hacia la justicia socioambiental. Algunas vivencias fueron compartidas por Meyatzin Velasco Santiago con la Comunidad IBERO Puebla.
Como obra jesuita, el Centro Prodh coloca a las personas como el eje medular de las luchas por la justicia. Se entiende que el territorio es un espacio en disputa debido a los grandes intereses económicos, políticos, ambientales y culturales que existen de por medio. “Reconocemos la desigualdad que los pueblos indígenas han enfrentado a lo largo de la historia y en ello su papel fundamental en el cuidado de los bienes naturales”.
El acompañamiento se da en forma de asesoramiento jurídico, comunicación política, acercamiento a mecanismos internacionales y aplicación de herramientas para fortalecer la exigencia de derechos. Este último eje ha alentado la emancipación de los pueblos a partir de estrategias jurídicas que difícilmente están al alcance de las poblaciones no urbanas.
El lastre de la minería
Las leyes mexicanas mantienen la minería como una actividad prioritaria, lo que facilita otorgar concesiones a agentes privados (muchos de origen extranjero) no solo para la extracción de minerales, sino para el uso de otros bienes como el agua. Además, no hay mecanismos que garanticen que las comunidades formarán parte activa en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales.
Por otro lado, las normativas que protegen el territorio indígena han sido el escudo utilizado por múltiples luchas. Tal es el caso de San Juan Huitzontla, Michoacán, un territorio rico en hierro que ha sido codiciado por diferentes empresas. Tras varios litigios, la comunidad logró vetar cualquier megaproyecto que sea concesionado sin el consentimiento de los pobladores.
Desde 2012, San Juan Huitzontla se ha enfrentado a seis concesiones mineras —en posesión de las empresas Las Encinas y Acerlormittal— y a diferentes grupos del crimen organizado, cuya operatividad abarcaba la totalidad de la comunidad. Fue así que la asamblea comunitaria contactó al Centro Prodh para obtener asesoría jurídica.
La relación bilateral derivó en una serie de acciones para garantizar la articulación entre los integrantes de la comunidad, así como el desarrollo de materiales jurídicos accesibles para los líderes de asamblea. A decir de Meyatzin Velasco, el empoderamiento de las comunidades debe contemplar la pedagogía en asuntos legales.
Pese a este caso excepcional, el análisis de la ley minera a principios de año no ahondó en estas necesidades. Las concesiones continúan siendo otorgadas con base en intereses económicos en todo el país. A ello se suman las actividades criminales y la contaminación de los mantos acuíferos como producto de la actividad industrial.
Velasco Santiago consideró que visibilizar el impacto de la crisis de derechos humanos contribuye a comprender la integralidad de los problemas sociales. “Si no ponemos la vista en cómo fortalecemos el tejido comunitario, difícilmente vamos a poder seguir reconstruyendo”. Y agregó: “No son aisladas las crisis humanas y ambientales”.
La palabra de las comunidades rurales e indígenas no solo es vital para el cuidado de la naturaleza, sino para construir sociedades democráticas con marcos normativos cultural y ambientalmente pertinentes. “Si quisiéramos avanzar como países, escuchar lo que dicen estos actores es fundamental”, cerró.
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