Bajo el lema de “no somos héroes, somos trabajadorxs, y no necesitamos aplausos, necesitamos derechos”, alrededor de 10 organizaciones de la sociedad civil de Tlaxcala mostraron su respaldo para que la Cámara de Diputados Federal apruebe el punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y accionar la iniciativa un “ingreso vital, urgente y temporal” para apoyar a la población más necesitada por la pérdida de ingresos ante el COVID-19.

La iniciativa para exhortar Gobierno Federal a implementar un ingreso “vital, urgente y temporal”, fue presentada el pasado 20 de mayo del 2020 y fue impulsada por 124 congresistas de diversas fuerzas políticas, a lo que se unieron alrededor de 50 organizaciones de la sociedad civil de todo el país.

La campaña que impulse el Ingreso Vital temporal y no condicionado podría apoyar millones de familias a no caer en la pobreza, como consecuencia de la pérdida de empleos y de ingresos por el confinamiento establecido como medida sanitaria para evitar la propagación masiva del Coronavirus.

A esa iniciativa se sumaron organizaciones tlaxcaltecas como Ateneo Tlaxcala, Mujeres con Poder, Unión de Síndicos de Tlaxcala, Red Mexicana de Mujeres con Corazón, Red Mexicana de Mujeres Trans, Nosotrxs, Centro de Mediación y Conciliación Privado Zacatelco, Motiva Tlaxcala, el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, entre otras.

Explicaron que el ingreso vital es un apoyo de emergencia para la población más necesitada por la pérdida de ingresos ante el COVID-19, por un monto de tres mil 746 pesos mensuales por tres meses a 34.7 millones de hogares que se tienen identificados como poblaciones en situación de vulnerabilidad y que la epidemia ha agravado su situación económica por desempleo o disminución de ingresos.

Además busca beneficiar al 57 por ciento de los 55 millones de mexicanos que pertenecen a la población económicamente activa, no contempla a beneficiarias y beneficiarios de otros programas sociales.

Los recursos para ese apoyo se pretende tomarlos del presupuesto con el que ya cuenta el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar, que tiene el presupuesto para cumplir esta medida extraordinaria.