La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 98/2019 dirigida a los gobernadores Marco Antonio Mena Rodríguez y Alfredo del Mazo, y a las fiscalías estatales de Guanajuato y Querétaro por violar los derechos a la seguridad jurídica, la vida y la integridad de migrantes en el periodo 2015-2018.

En el caso de Tlaxcala, la CNDH señala que se recibieron quejas sobre el homicidio de un migrante en 2015 cuando “garroteros” del tren de Apizaco dispararon contra un grupo de "indocumentados" que viaja en lo vagones, "pegándole en el pecho a un (nicaraguense) quien ya sin vida cayó sobre el mismo vagón boca abajo".

Otro caso refiere que en diversas fechas de 2016 la PGJE recibió dos denuncias por lesiones contra migrantes en San Andrés Buenavista y San José Tetel cuando grarroteros en las dos ocasiones dispararon contra un grupo de migrantes.

Tras recoger las evidencias de los casos y las investigaciones radicadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la CNDH decidió emitir la reocmendación 98/2019 con puntos recomendatorios para las autoridades garanticen a las víctimas el acceso a la justicia debido a que o bien han tardado en investigar o no lo han hecho.

Entre las recomendaciones destaca que en un plazo de seis meses las autoridades locales deben “realizar un estudio técnico-jurídico de cada una de las Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación, Actas Circunstanciadas y Actas de Hechos radicadas en la Procuraduría de Tlaxcala, con la finalidad de que se agilice la investigación de aquellas que se encuentren en trámite y se valore la reapertura de aquéllas que se encuentren en reserva o archivo temporal”, a fin esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las personas migrantes.

Del mismo modo, recomienda iniciar procesos administrativos contra los funcionarios y agentes que obstruyeron el acceso a la justicia; las dos últimas recomendaciones son para que el gobierno del estado diseñe y lleve a cabo cursos de capacitación dirigidos a agentes de ministerio público sobre derechos humanos y preservación de pruebas, y asigne a un funcionario que de seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios.