“Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México son las entidades donde más se segrega” a las personas con discapacidad, refiere Berenice Álvarez Becerril, académica del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la presentación del Atlas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El Altas, que se puede consultar en AQUÍ, fue construido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la UNAM con información de 799 instancias gubernamentales federales y estatales sobre 10 indicadores o dimensiones conformados a través de solicitudes de información pública.

De acuerdo a los resultados, en Tlaxcala existen entre 11 mil y 24 mil mujeres con alguna limitación para caminar o moverse, ver, escuchar, dificultad mental, para hablar o comunicarse, para atender el cuidado personal, poner atención o aprender, y entre 12 y 43 mil hombres en esta condición. El informe refiere que en la “Dimensión espacio” evaluada, la entidad no cuenta con programas para la promoción del derecho de las Personas con Discapacidad (PCD) al acceso a transporte público y no tiene programas para la infraestructura física vial, señalización en espacios públicos para las PCD.

Del mismo modo, la CNDH detectó que durante 2019 el gobierno estatal no gestionó programas de protección civil para la movilidad de las PCD y que el 37 por ciento de las personas considera que uno de los principales problemas es la accesibilidad en el entorno físico. Sobre la "Dimensión medios" que comprenden las transmisiones televisivas y acceso a páginas web de gobierno, la Televisión de Tlaxcala informó que no tiene tiempo asignado a transmisiones subtituladas o de señas, además de que los portales web de las dependencias no son accesibles para las personas con discapacidad.

La entidad se encuentra en proceso de armonización legislativa con las ley federal en los otros siete indicadores para establecer medidas para prevenir las formas de explotación, violencia y abuso hacia las personas con discapacidad. En la dimensión política, aunque la entidad cuenta con políticas de inclusión, aún está en proceso de implementar políticas de participación ciudadana y marcos legales para asegurar el acceso a la justicia y el reconocimiento de la capacidad jurídica.

Por ejemplo, una de las observaciones que hace la CNDH es que durante el proceso electoral de 2018 en Tlaxcala no se instalaron casillas adecuadas para personas con discapacidad. Por otro lado, si bien cuenta con un mecanismo de monitoreo de las personas con discapacidad, este no es un mecanismo estatal sino conseguido a través de convenio de colaboración, lo que implica que sea periódico y sin estructura estatal definida.

Respecto a la percepción, en Tlaxcala el 17 por ciento de las personas con discapacidad piensan que tienen poca libertad para tomas sus decisiones y solo el 27 por ciento opina que sus derechos se respetan, mientras que el 37 por ciento opina que se respetan poco o nada. En la evaluación sobre la Dimensión Económica e inclusión laboral, la CNDH advierte que aún no existen leyes que garanticen la inclusión de las PCD; al respecto, el 29 por ciento opina que no existen oportunidades de empleo y el 44 por ciento de la población en Tlaxcala considera que las personas con discapacidad “son incapaces de valerse por sí mismas”.