La presidenta del Consejo de Administración de la empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (Atah), Maura Hernández, acusó haber recibido amenazas de muerte y su vehículo fue baleado al exterior de su domicilio, situación por la cual interpuso su denuncia correspondiente.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales este día, hizo público la situación que vivió el pasado martes 27 de octubre, en la que su vehículo recibió dos impactos de bala a la altura del cobre, al tiempo que le dejaron una nota en la que la amenazan de dejar la empresa y la amenaza de muerte.

En el mensaje difundido, señala que no es la primera ocasión que ha recibido amenazas y ataques en su contra y la de su familia, por lo que ante este último episodio, decidió hacer pública la situación para dejar constancia de esta situación.

“¿A qué atribuyo este acoso constante que ya llegó al límite del atentado hacia mi vida? Lo digo sin temor a equivocarme, todo esto es producto de la misoginia que impera en todas las instituciones y por supuesto en la iniciativa privada, esta última es la instancia en la que laboro y en la que he recibido permanentes señalamientos a mi condición de mujer.


He sido violentada a través de micro machismos, de infundios, de mentiras y chantajes, todo por ser la primera mujer que ocupa un puesto directivo en esta empresa, Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH)”, señala en su mensaje.

De esta manera, señala que la amenaza pudo haber venido de gente de la misma empresa que quieren asumir el cargo que ella desempeña, es por ello la naturaleza de las amenazas de muerte.

“No puedo ser irresponsable al señalar abiertamente, con nombre y apellidos, pues sé que la presunción de la inocencia es una garantía, por eso omitiré los nombres de quienes me han vulnerado, empero las instancias encargadas de procurar justicia tienen mi declaración y en caso de consumarse un atentado que acabara con mi vida, serán esas mismas instituciones las que den seguimiento a mi denuncia”, concluye su mensaje.

La administradora quien también aspira a un cargo de elección popular, interpuso su denuncia correspondiente ante la Procuraduría local, para que se encargue de las investigaciones para dar con el o los presuntos responsables.