En las localidades que forman parte de la cuenca Atoyac-Zahuapan, en un lapso de catorce años fallecieron un total de 30 mil 116 personas entre hombres, mujeres y menores de edad, por cáncer y enfermedad renal crónica. Dichos decesos pueden estar asociados con la grave contaminación de ese afluente.

Así quedó de manifiesto en el caso de posible reincidencia del Estado Mexicano en la violación de derechos humanos, al agua, a la salud, y a la verdad en la cuenca Atoyac-Zahuapan presentada por la Coordinadora por un Atoyac con Vida, Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, el Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, todas asociaciones civiles de Tlaxcala, ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) en la audiencia pública llevada a cabo en octubre de 2018 en Guadalajara.

En ese documento, las y los activistas denunciaron la reincidencia y el agravamiento de la situación de violación del derecho humano a un medio ambiente sano, por la inacción de los estados de Tlaxcala y Puebla para dar cumplimiento a la Recomendación 10/2017 de la CNDH referente a las afectaciones ambientales por el uso y la indebida disposición de sustancias toxicas en los procesos productivos de más de 20 mil 400 empresas manufactureras asentadas en esa cuenca que recibe descargas y derrames de sustancias como mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cadmio, zinc, nitratos, fosfato, entre otros que reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace dos años.

Ante ese nivel de contaminación, según datos oficiales de mortalidad en las comunidades que están en la cuenca Atoyac-Zhuapan, entre 2002 y 2016 fallecieron de cáncer 25 mil 737 personas, mientras que de enfermedad renal crónica fueron cuatro mil 379, que dan un total general de 30 mil 116 personas, equivalente a una muerte cada cuatro horas, y un incremento de mil 350 por ciento respecto al resto del país.

Además, en el reporte especifican que más del 54 por ciento de las muertes correspondieron a mujeres, y que también se registraron 906 abortos espontáneos en ese periodo de tiempo. Esas pérdidas humanas pueden estar asociadas con la grave contaminación de la cuenca, advierten.

Las asociaciones civiles, siguen insistiendo en que “el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, especialmente los relacionados con el derecho a un medio ambiente sano, además del derecho a la salud, a la alimentación, a la información, a la justicia pronta, el derecho a la verdad y a la reparación de los daños”.