El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda solicitó a los integrantes del Congreso la comparecencia ante el pleno del Poder Legislativo del alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio por su negativa a responder a la recomendación por violación a los derechos humanos por parte de dos policías de la comuna en contra de dos menores de edad.

Mediante oficio, el Ombudsperson pidió a las y los diputados locales analizar y aprobar su solicitud para que el alcalde de Chiautempan explique el motivo de su negativa de aceptar y en su caso, reparar y/o restituir de manera integral los derechos humanos violados a dos menores de dos adolescentes.

Explicó que los elementos policiacos adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal a dos menores de edad, lo que se confirmó con las investigaciones realizadas por las visitadurías primera y sexta de la CEDH.

Motivo por el cual la CEDH emitió la recomendación número 01/2020, por la violación a los derechos humanos antes citados de dos menores de edad (adolescentes), de quienes se reserva su identidad a fin de proteger y salvaguardar su derecho a la Intimidad, y en contra de José Zahit Peña Barrera y Marco Antonio Quintero Gómez, policía tercero y policía, respectivamente, adscritos a la Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de la comuna, misma que en fecha 9 de diciembre de 2020 se notificó al presidente municipal de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables, con el fin de que procediera conforme a lo recomendado.

Sin embargo, el presidente municipal manifestó su no aceptación de la recomendación de mérito; motivo por el cual solicitó a los integrantes del Poder Legislativo local llame a alcalde, Héctor Domínguez Rugerio, a comparecer para que explique los motivos de su negativa.

En la recomendación, la CEDH ordenó a las autoridades municipales instruir al Órgano Interno de Control de ese ayuntamiento y al Consejo de Honor y Justicia para que investigue, sustancie y califique las faltas administrativas en las que incurrieron los servidores públicos.

Además deberán reparar el daño de manera integral a las víctimas; es decir que deberán atender los aspectos físicos, psicológicos y económicos; además de un ofrecer un disculpa pública a las víctimas y a la sociedad; y deberán efectuar cursos de capacitación, pláticas o talleres a servidores públicos adscritos a la comisaría y a personal del ayuntamiento.