Este día activistas y legisladoras, emitieron sendas posturas en las que piden a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) trabajar en la resolución emitida el fin de semana por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que antepongan el respeto de los derechos humanos y político electorales de las mujeres en Tlaxcala.

En ese sentido, el escrito emitido por el Colectivo Nacional y el Capítulo Tlaxcala 50+1 A.C, consideraron que la actuación de las y los integrantes del órgano electoral local debe ser trascendental y sentar precedente para que quede claro que en la entidad se “toma en serio la justicia, la paz y el respeto a la dignidad y los derechos humanos de niñas y mujeres tlaxcaltecas”.

Por lo que exigieron al ITE anteponer a cualquier convicción, interés o compromiso personal al indeclinable deber de constituirse en garantes de que las naturales diferencias entre hombres y mujeres, jamás deban ser motivo para legitimar la desigualdad que degrada, humilla y segrega”.

Por otro lado, la diputada federal Martha Tagle Martínez, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y activistas, también emitieron un emplazamiento al ITE para que atienda la resolución de la Sala Regional de la Ciudad de México y emitir “un acuerdo histórico que dignifique el papel garante que poseen los órganos electorales, las instituciones y la impartición de justicia con transparencia y respeto a los derechos”.

Para eso pidieron que en su resolución respecto a la denuncia que 11 diputadas y diputados locales presentaron contra 13 de sus compañeros de legislatura por violencia política de género, sea resguardando los derechos humanos y político electorales de mujeres y hombres.

“Este hecho singular que ha transitado por las instancias de la justicia electoral como lo establece la ley, emplazamos a las y los consejeros electorales a cumplir la alta y cabal responsabilidad de resguardar los derechos humanos y político electorales de las mujeres y los hombres de Tlaxcala, a fortalecer el Estado de derecho y a emitir un acuerdo histórico que dignifique el papel garante que poseen los órganos electorales, las instituciones y la impartición de justicia con transparencia y respeto a los derechos”.

Incluso subrayan que “la paridad no es caridad, es obligación, derecho constitucional y compromiso del Estado mexicano.

La violencia política es inaceptable, contraria al ejercicio pleno de derechos y a la igualdad”.