A más de 100 días de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE), carece de mecanismos para que la población mantenga o inicie procesos judiciales con el apoyo de herramientas o esquemas digitales, según investigación de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil.

Dichas asociaciones, realizaron este estudio sobre el estado en el que se encuentran los Poderes Judiciales Federal y estatales en términos de su capacidad para dotar a la población de esquemas de justicia digital.

De acuerdo a esta investigación, señala que “solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivados la suspensión de sus plazos y habilitado la atención de todos los casos

Los otros 18 poderes judiciales de entidades continúan con suspensión de plazos y solo permiten la recepción de casos urgentes, aunque estos supuestos de urgencia se han ido ampliando”.

En el caso del Estado de Tlaxcala, no cuenta con esquemas para garantizar acceso a la Justicia Digital; ya que no ha reactivado los plazos judiciales en todos los casos, no permite la presentación de demandas o solicitudes en línea, además de que no permite que juicios y audiencias se lleven a cabo en línea, y las audiencias penales no son públicas.

De los seis parámetros investigados el Estado de Tlaxcala no cumple con ninguno de ellos, al igual que las entidades de Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos.

 En el caso del Estado de Puebla, cumple con cuatro de seis esquemas indagados, que son la aceptación de demandas o solicitudes en línea, así como la realización de audiencias y juicios en línea y también la gente puede utilizar firma digital.

A nivel nacional sólo 16 poderes judiciales permiten la presentación de demandas y solicitudes en línea y sólo nueve admiten la realización de juicios en línea; en 17 estados permiten el desarrollo de audiencias a través de videollamadas, siendo estos esquemas el futuro y la nueva modalidad para acceder a la justicia.

Por tal motivo las organizaciones recomendaron que  “como servicio público esencial en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas. 

La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida. Transparencia Mexicana y Tojil invitaron a las autoridades judiciales a inaugurar una etapa de innovación y creatividad social que permita garantizar el acceso a la justicia, sin coartar la transparencia y publicidad de sus procedimientos y sin poner en riesgo la salud de sus servidores públicos y de los justiciable