La presidenta de la Junta de Coordinación Concertación Política (JCCP) del Congreso del Estado, Irma Yordana Garay Loredo advirtió que asumirán cualquier sanción que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ilegal estimación de las Participaciones Federales asignadas al estado y a los municipios en el Ejercicio Fiscal 2019.

En entrevista, aseguró que en estos momentos la Dirección Jurídica del Congreso del Estado analiza las controversias constitucionales interpuestas por los municipios de Xaloztoc, Panotla, Chiautempan y Apizaco, para poder dar seguimiento puntual a cada uno de los procedimientos.

Para ello, confirmó que la SCJN ya notificó a la 63 Legislatura sobre los procedimientos iniciados en su contra por modificar los cálculos para la distribución de las participaciones federales de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019, situación que derivó en disminución de montos de diferentes fuentes de financiamiento federal.

En ese sentido la diputada local del Partido del Trabajo y recién nombrada presidenta de la JCCP, declaró que "ya estamos analizando el tema de lo que requiere la corte, estamos analizando y trabajando y si habría una sanción para el Congreso tendríamos que asumirla pero pedirles tiempo para que el jurídico de el resolutivo".

Sobre la exigencia de las autoridades municipales de la devolución de los recursos Federales que les fueron recortados, la legisladora subrayó que sigue el análisis y están en tiempo de encontrar la solución al tema, por lo pronto agregó que están en tiempo para atender esa exigencia.

Por otro lado, el presidente del municipio de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio advirtió que pugnará para que le sean regresados los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad ( Fortaseg) que ascienden a 10 millones 869 mil 325 pesos.

Lo anterior luego de que este año no le fueron autorizados recursos para esa partida a pesar de que de manera consecutiva lo había recibido durante todo el sexenio anterior.

Señaló que la única respuesta que recibió de las autoridades fue que el Gobierno Federal realizó un recorte presupuestal, sin mediar algún otro elemento de peso, por lo que decidieron iniciar una lucha legal para recuperar los recursos federales