El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) logró el aval de los empresarios para restringir el outsourcing o subcontratación laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que se acordó con los líderes sindicales y el sector empresarial prohibir la subcontratación con fines de evadir el pago de impuestos y otras prestaciones de los trabajadores.

“Los acuerdos alcanzados comprenden la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante”, señaló la dependencia a cargo de Luis María Alcalde Luján, quien participó en la firma del pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro de los acuerdos es el registro ante la STPS y la inscripción a un padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real, agregó la dependencia.

La entidad encargada de la agenda laboral de la 4T agregó que se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, con lo cual habrá dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

Dichos acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos, señaló la titular de la STPS.

Los acuerdos suscritos entre los líderes empresariales y sindicales con el presidente López Obrador serán entregados a la Cámara de Diputados para que su análisis y aprobación.

En noviembre de 2020, el mandatario federal presentó una iniciativa para regular el outsourcing y erradicar sus abusos.

Ante la falta de un acuerdo rápido, en diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades.

Después de tres meses de diálogo en mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias.

Este lunes acudieron con el presidente López Obrador a Palacio Nacional los principales representantes de los sectores obrero y empresarial, funcionarios del gobierno de México, así como representantes del Poder Legislativo.

Como representantes del sector empresarial acudieron:
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin) Por el sector obrero estuvieron presentes:

Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA) Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) y también senador Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). De igual forma asistieron por parte del Poder Legislativo los presidentes de las Juntas de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ignacio Mier Velazco, ambos líderes de las bancadas de Morena.

En la reunión estuvieron por parte del gobierno federal:
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)