El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha anunciado su postulación como candidato de Morena a la gubernatura del estado de Sonora, oportunidad para realizar un breve corte de caja sobre cómo está el país en cuanto a crimen, inseguridad y desarrollo institucional.

1. Incidencia delictiva. Aunque en su segundo informe de gobierno, el presidente López Obrador informó sobre avances en el combate a la delincuencia, desde Causa en Común hemos señalado el aumento en el número de carpetas de investigación por homicidios dolosos; es decir, asesinatos.

Los incrementos durante los primeros 20 meses del presente gobierno, con relación a los primeros 20 meses de las tres administraciones anteriores, son: 37% con relación al periodo del presidente Vicente Fox; 23% con respecto al periodo del presidente Felipe Calderón; y 16% con respecto al periodo del presidente Enrique Peña Nieto. Actualmente, el país padece un nivel inadmisible de asesinatos, 99 en promedio cada día.

Si bien el gobierno federal señala un freno abrupto en el crecimiento de homicidios dolosos a partir de su llegada (“punto de inflexión”), lo cierto es que los registros de asesinatos se mantienen en un promedio de 3,000 mensuales, desde el segundo semestre de 2018. Más allá de conceptos artificiales y propagandísticos, la realidad es que en el país persiste un nivel inadmisible de asesinatos, sin que existan definiciones públicas para atender esta crisis de violencia. Se mantiene un grave problema de sub-registro de delitos[1], especialmente de feminicidio, extorsión, secuestro y robo.

Entre 70% y 80% de los casos de feminicidio no han sido considerados como tales por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; esto a partir de las cifras que activistas y organizaciones calculan de este delito.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la extorsión tuvo una cifra negra de 98% en 2018; el secuestro, de 91%; y el robo, de 92%.

Además de este sub-registro, entre los primeros nueve meses 2019 y el mismo periodo de 2020, se presenta una reducción en los registros de extorsiones, secuestros, robos con violencia y robos de vehículos con violencia. No obstante, la disminución en los registros de algunos delitos resulta de la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al coronavirus, como podría ser el robo a casa habitación, y a dificultades adicionales para la denuncia, también asociadas a la pandemia.

Desde luego es falsa la aseveración del presidente en el sentido de que en el país ya no existan torturas, desapariciones ni masacres. De hecho, en un conteo realizado por Causa en Común de eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”, entre enero y septiembre del presente año se compilaron 3,565 atrocidades y 4,484 víctimas en dichos eventos[2].

2. Ausencia de estrategia, condescendencia frente al crimen organizado y militarización rampante.

A pesar de la crisis de inseguridad, no existe, ni ha existido en los últimos dos años, una estrategia por parte del gobierno federal para enfrentarla eficazmente.

No sólo no la hay en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que tampoco puede encontrarse en el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”, un documento con frases retóricas y lugares comunes, sin acciones puntuales.

Desde el inicio del actual gobierno, los mensajes de apaciguamiento hacia las organizaciones criminales han sido una constante. Este discurso ha tenido correspondencia en el ámbito operativo, acotando las acciones del gobierno federal a despliegues, ya sea con uniforme militar o de Guardia Nacional.

La ausencia de estrategia y el discurso de apaciguamiento no se contraponen con un protagonismo que se ha impuesto a las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo Federal.

Pese a su disfraz civil, la Guardia Nacional es esencialmente una corporación castrense, extensión directa de las Fuerzas Armadas[3]. Contra lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública tiene lugar sin supervisión externa, sin subordinación a un mando civil ni parámetros de complementariedad, sin una justificación de la excepcionalidad de la actuación, y con una ley sobre el uso de la fuerza que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuyo análisis está pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además de las tareas conferidas en materia de seguridad pública, constantemente se le asignan a las Fuerzas Armadas responsabilidades y proyectos que corresponden a la esfera civil.[4] Más grave aún, su papel responde crecientemente a un proyecto político con rasgos militaristas.

Es necesario insistir: sea cual sea su denominación o su adscripción formal, las Fuerzas Armadas no podrán resolver los problemas de seguridad pública del país; no es su vocación, y no están ahí sus fortalezas. Atender los graves problemas de seguridad no requiere de despliegues militares, sino de policías con atribuciones y capacidades de investigación, con una clara definición de vinculación ciudadana, y apoyadas en una auténtica política de prevención con perspectiva de derechos humanos.

3. Abandono de policías.

Además de la disolución de la Policía Federal, han disminuido los apoyos políticos y presupuestales a las policías locales del país.[5] El proyecto de Presupuesto 2021 mantiene estancado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), mientras que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se reducIría en casi un 5%.

El caso del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) merece especial atención, pues no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto, lo que significaría que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil MDP.

Lo anterior significa que, por primera vez, un gobierno federal determina claramente el abandono de las policías locales del país. A los presupuestos claramente insuficientes y mal ejercidos, a las condiciones laborales abusivas, a los bajos salarios, a la ausencia de una carrera policial, a la falta de infraestructura y equipamiento adecuados, y a la criminalidad rampante, se suma la indiferencia social ante el asesinato impune de más de un policía cada día, en promedio.

De 2018 a la fecha, se han registrado, al menos, 1,320 asesinatos de policías.[6]

4. Opacidad

Un 77% de las declaraciones que se hacen en materia de seguridad pública en las conferencias matutinas no están sustentadas por ninguna institución gubernamental, de acuerdo a un estudio realizado por Causa en Común.[7]

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la dependencia que menos información proporciona, mientras que el tema de la Guardia Nacional es sobre el que menos se informa. El estudio mencionado demuestra que las instituciones federales de seguridad suelen negar información directamente vinculada con sus responsabilidades establecidas en la ley.

Esto puede deberse a que no cuentan con dicha información, a que no desean difundirla, a que no conocen sus responsabilidades, o por una combinación de estas razones.

5. Propuestas

Desde Causa en Común insistimos en la necesidad de revertir el actual proceso de militarización acelerada, y en cambio cumplir con el mandato constitucional de construir una corporación federal de carácter civil, que complemente los esfuerzos para fortalecer a las policías locales.

Proponemos centralizar los procesos del desarrollo policial de todas las corporaciones. Proponemos un incremento sustancial a los recursos destinados a la seguridad, que incluya revisiones salariales y la homologación de prestaciones a nivel nacional. Proponemos poner en marcha un programa emergente para proveer de equipamiento suficiente e infraestructura adecuada. Proponemos mecanismos de supervisión externa para todas las corporaciones, incluidas las Fuerzas Armadas.

Proponemos también se pongan en marcha sin dilación proyectos para transformar a las fiscalías del país y para lograr el control de los penales. Proponemos, asimismo, la definición de políticas de prevención acordes a las circunstancias de cada ciudad y región del país.

Debemos también insistir en la necesidad de concebir a la seguridad pública como una prioridad de Estado, por encima de partidos y cuestiones electorales. Sólo así tendrán viabilidad escenarios de seguridad y justicia para México.