Causa en Común realizó el Foro Regional: “Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías” con autoridades del Estado de México y el Estado de Hidalgo, así como representantes de la academia y sociedad civil.

El objetivo fue dar a conocer la situación de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en ambas entidades, y propuestas para enfrentar la inseguridad y la impunidad.

“En lugar de ser espectadores, debemos actuar y apostar por la suma de esfuerzos entre autoridades y sociedad civil. Estamos convencidos de que, actuando juntos, es como vamos a generar el cambio que necesita el país”, indicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. La activista enfatizó la necesidad de profesionalizar a las policías locales y a las fiscalías.

En este sentido, criticó el proyecto de presupuesto para seguridad promovido por el gobierno federal, el cual mantiene un énfasis militarista, a costa de los presupuestos que corresponden a las policías locales del país.

"La militarización, no sólo de la seguridad pública, sino de muchas otras áreas que corresponden al ámbito civil, es un abuso, primero, contra las mismas Fuerzas Armadas; pero, además, no es compatible con una república democrática y tampoco nos dará las soluciones que buscamos”, afirmó. Durante el Foro, Causa en Común presentó el resultado de trabajos relativos al estado que guardan las policías de ambas entidades.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Policial —estudio realizado por la organización hace un par de años—, el Estado de Hidalgo no contaba con código de ética específico para policías; y se aplicaban medidas cautelares sin goce de sueldo. Respecto a la certificación, no existía Comisión del Servicio de la Carrera Policial; y se detectó que había elementos operativos con certificado de confianza pendiente de renovación.

En el caso del Estado de México, al momento del estudio no se contaba con un catálogo de faltas y sanciones, ni con un código de ética y conducta específico para policías, e igualmente, se aplicaban medidas cautelares sin goce de sueldo.

En cuanto a certificación, había mandos y elementos con certificados de control de confianza pendientes de evaluación, y la ley no contemplaba ningún mecanismo para el registro adecuado de resultados de las evaluaciones del desempeño. En complemento a los hallazgos del Índice de Desarrollo Policial, Causa en Común realizó el año pasado una encuesta nacional, “¿Qué piensa la policía?”.

En el caso de los policías estatales de Hidalgo, los elementos indicaron que han tenido que pagar de su bolsillo el equipamiento necesario para ejercer sus funciones. Por ejemplo, un 49% ha pagado por su calzado, un 39% ha pagado por sus cartuchos, y un 52% ha tenido que pagar papelería para informes.

En cuanto a prestaciones sociales, sólo un 50% afirma contar con seguridad social, un 28% con fondo de retiro, y un 18% con gastos funerarios. En el Estado de México, el 78% de los elementos encuestados manifestó que ha tenido que pagar por las fornituras, mientras que un 61% afirma haber pagado por sus botas.

Respecto a las prestaciones, únicamente un 71% respondió que cuenta con seguridad social, un 29% con fondo de retiro, y un 12% con gastos funerarios. En cuanto al salario y las jornadas laborales, en Hidalgo, de nueva cuenta de acuerdo a los propios policías, el salario promedio sería de 9,353 pesos; y la mayoría de los elementos trabajaría jornadas de 24x24.

Además, el promedio de horas adicionales de trabajo sería de 9.6, por lo que no resulta sorpresivo que, en una escala para medir desgaste emocional, la policía de Hidalgo ocupe el quinto lugar nacional.

En el Estado de México, el salario promedio de los policías sería de 12,341 pesos, y la jornada predominante de 12x24 horas. El 58% de los elementos manifestó que, en promedio, trabajan 3.5 horas adicionales a su jornada regular. En la escala de cansancio emocional, Estado de México ocupa el lugar 10 a nivel nacional.

Causa en Común subrayó el drama que significa la matanza de policías en todo el país. De acuerdo al Registro de Policías Asesinados, que realiza la organización desde 2018 en colaboración con una red de periodistas, en el Estado de Hidalgo se registraron dos asesinatos de policías en 2018 y 2019; y, de enero a septiembre de este año, se registraron cinco asesinatos de policías.

En cuanto al Estado de México, en 2018 y 2019 fueron asesinados 47 y 23 policías, respectivamente; mientras que, en lo que va de 2020, han asesinado al menos a 34 elementos.

En el Foro participaron Maribel Cervantes, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México; Alejandro Jaime Gómez, Fiscal General del Estado de México; Raúl Arroyo González, Procurador General del Estado de Hidalgo; Edgar Guerra, Profesor-Investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Juan Salgado, Investigador en la organización World Justice Project; y Kelsey Orr, Oficial del Programa de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México.

En su intervención, Kelsey Orr felicitó estos encuentros impulsados desde la sociedad civil que tienen como objetivo mejorar las condiciones de las policías. Expuso que el gobierno de Estados Unidos apoya a México, a través de la Iniciativa Mérida, para fortalecer a sus instituciones y capacitar a las policías.
“Una institución policiaca necesita de capacitación, que todos los policías mexicanos implementen estándares internacionales para llevar a cabo su trabajo”.

Maribel Cervantes, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, propuso que, para dar pasos firmes para lograr una mejor procuración de justicia la gran reforma que el país necesita tiene que ser a nivel constitucional: “el Presidente, al inicio de su administración, habló del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y no ha ocurrido nada”, por lo que pidió que, de manera constitucional, “se establezca un salario de mínimo 15,500 pesos mensuales a nivel nacional para todos los policías, seguido de una estrategia de combate a la delincuencia común y la delincuencia organizada”.

Para Alejandro Jaime Gómez, Fiscal General del Estado de México, uno de los mayores retos dentro del desarrollo policial y de las fiscalías estatales es combatir la falta de denuncia ciudadana.

También se pronunció por fomentar “una reforma constitucional que contemple un mejor servicio de carrera para los policías, los ministerios públicos y los peritos”.

En tanto, Raúl Arrollo, Procurador General del Estado de Hidalgo, mencionó que para lograr una mejor procuración de justicia es “apostar por un nuevo funcionamiento de la procuraduría, con vías más anchas de solución a través de medios alternativos, mayor tecnología, ser más rápidos en sus respuestas, evitar la corrupción y dar resultados más eficientes”.

Para concluir, María Elena Morera manifestó que "hay asuntos que deberíamos colocar por encima de nuestras diferencias políticas, siempre entendibles y válidas; son temas de Estado, en los que debemos unirnos todos, como políticos y empleados de gobierno, como empresarios y comerciantes, como académicos y estudiantes, todos como ciudadanas y ciudadanos."