Aunque la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de la Guardia Nacional estaba contenida en la creación de ésta, trae consigo diversos conflictos como la coordinación entre mandos y las ambigüedades del decreto publicado ayer.

Alejandro Hope, especialista en seguridad, explicó que aunque el decreto deriva de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, el mismo no es preciso.

“No establece con precisión la situación extraordinaria que justifique la intervención. La reforma dice que debe ser de manera fiscalizada y supervisada, pero el decreto establece que quienes harán esto serán las propias dependencias; la reforma establece que debe estar sujeto a un mando y vigilancia civiles, pero el decreto, no”, señalo.

Además, cuestionó que se concluyera con la legalización de la presencia militar en las calles justo cuando el país atraviesa por una crisis de salud derivada del Covid-19.

“¿Por qué es en este momento, justo cuando estamos a media pandemia, que el gobierno decide ‘jalar el gatillo’ de esta reforma?, además, esto socava al propio proyecto de la Guardia Nacional porque el quinto transitorio señala que estas facultades persistirán en tanto se consolida la Guardia, pero solamente podrá ocurrir si tiene el visto bueno de las Fuerzas Armadas”, explicó.

Detalló que 80% del personal de la Guardia Nacional proviene de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar); los equipos son adquiridos por estas dependencias, los cuarteles son construidos por la Sedena, y más de la mitad de su presupuesto lo ejerce el Ejército.

César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Militar, destacó que la Guardia Nacional ha demostrado no tener mando y problemas de indisciplina y corrupción, por lo que, aunque ahora se legalice la militarización de la seguridad pública, habrá problemas con las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Añadió que la Guardia Nacional en números supera a los elementos de las Fuerzas Armadas.

“¿Cómo le va a hacer el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina para realizar todas las funciones que les está encomendando el Presidente si no tienen personal suficiente para poder cumplir con todas las misiones?”, cuestionó.

Gutiérrez Priego advirtió que la coordinación entre los titulares de la Sedena, Semar y Guardia Nacional establecidos en el decreto pueden generar un problema de mandos: “Va a haber un problema de cuestión de mandos porque, ¿cómo van a llevarlo a cabo? Uno de los grandes problemas de las Fuerzas Armadas es que el mando no se comparte, se ejerce, entonces vamos a ver varias situaciones por ahí”.

El colectivo Seguridad sin Guerra consideró que el decreto simula una regulación de las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas por el resto del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad faculta a los elementos castrenses a realizar labores incluso ministeriales “sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”.

El centro de Derechos Humanos Agustín Pro DH lanzó un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervenga y se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto.

En tanto, Amnistía Internacional México reprochó la falta de voluntad política para regresar a los militares a sus cuarteles.