El Senado de la República avaló este martes la reforma en materia de paridad de género que aplicará a los tres poderes de la nación —Ejecutivo, legislativo y judicial—, así como a los órganos autónomos.

Por unanimidad, la cámara alta aprobó, en lo general y lo particular, el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México.

La reforma avalada con 120 votos consagra el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Para ello, establece la obligatoriedad constitucional de observar ese principio en la integración de los poderes de la Unión.

La reforma, inédita en México, incluye el mismo esquema para los estados mexicanos, así como para la integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y los municipios.

Se establece que la Suprema Corte de México estará integrada por ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres que de hombres.

En los artículos transitorios se señala que las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar reformas en su legislación para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad.

De la misma manera, la paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de Ciudad de México.

Tras su aprobación en el Senado, el texto fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión. De ser avalada por los parlamentarios, la reforma deberá ser aprobada por la mitad más uno de los 32 congresos estatales por tratarse de una reforma a la Constitución mexicana; tras ello, en caso de obtener los votos, será remitida al Ejecutivo para su promulgación.