En sus 30 años como médico, Andrew Artenstein nunca se había preocupado por los respiradores N95. Como gerente general médico de Baystate Health, dirigía sus cuatro hospitales en el oeste de Massachusetts con exactitud, y era inconcebible que una cobertura facial esencial se agotara.

Sus médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud usaban unos 4000 al mes, generalmente para tratar a pacientes con enfermedades transmitidas por el aire. Siempre había más en el almacén, a las afueras de la ciudad de Springfield, donde está la sede de Baystate. Pero el 6 de abril, cuando el nuevo coronavirus se propagaba por el noreste de Estados Unidos, Artenstein se levantó en la oscuridad, antes del amanecer, con la misión de conseguir un millón de mascarillas para sus miles de empleados. Baystate Health estaba a pocos días de que se le terminaran.

Durante las cinco horas siguientes, Artenstein fue conducido por autopistas sin tráfico normal, mientras que por encima de él, un avión privado con cuatro especialistas, que iban a comprobar la autenticidad de la entrega, se dirigía al mismo destino: un almacén en el Atlántico Medio donde un intermediario almacenaba las mascarillas. Se había contratado a un conductor por separado para Artenstein, porque sus frecuentes interacciones con pacientes de covid significaban que podría exponer al resto del equipo al virus. Dos semirremolques también se dirigían a transportar la entrega de vuelta a Massachusetts.

Pero aún no estaba claro cuántos respiradores N95 habría para recoger, la noche anterior, el distribuidor había confesado que solo podría entregar un cuarto de lo prometido, después de haber cancelado otra recogida la semana anterior. (Debido a un acuerdo entre Baystate Health y el distribuidor, el Times ha acordado no identificarlo). Baystate Health se había visto obligada a recurrir a empresarios no probados como éste después de que el distribuidor corporativo del que dependía se quedó sin N95, cuando las cadenas de suministro nacionales e internacionales colapsaron al principio de la pandemia. Su situación no era única. Muchos hospitales, estados e incluso agencias federales también estaban desesperados, transformando el mercado normalmente estable de productos de atención médica en una competencia darwiniana de todos contra todos.

Artenstein y su equipo no tenían otra opción que seguir esta tenue pista. En las últimas dos semanas, el número de casos de covid en todo el país se había multiplicado por siete. Las enfermeras se quejaban de tener que improvisar coberturas para la cara, incluso usando gafas de esquí modificadas. En pocas semanas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) calcularían que al menos 9282 trabajadores de la salud habían dado positivo para el nuevo coronavirus, y 27 habían muerto, una cifra que pasaría de 1700 fatalidades a mediados de septiembre. Artenstein sabía que su propia seguridad, y la de sus médicos y otros trabajadores de la salud, podría depender del éxito de su misión.

Finalmente llegó al almacén poco después de las 10 a.m. Los especialistas en equipamiento sanitario de Baystate Health eligieron varias cajas al azar y las abrieron para verificar que la carga era auténtica. Artenstein se inundó de alivio; las máscaras se ajustaban de tal forma que quedaban selladas en la cara de una persona. Los respiradores podían ser cargados en los semirremolques. El equipo de Baystate había contratado camiones normalmente usados por la industria de servicios de comida para que su carga pareciera ser nada más que carnes y vegetales refrigerados. Se tomó esta precaución para ayudar a mantener los respiradores seguros; circulaban historias de que algunas agencias federales, que también intentaban conseguir respiradores, se apropiaban de los cargamentos.

Artenstein estaba a punto de ordenar a la sede central de Baystate que hiciera la transferencia de pago cuando el intermediario le tocó el hombro y le dijo que el FBI quería hablar. Artenstein pensó que se trataba de una broma. Pero entonces, dice, fue llevado a una sala de conferencias acristalada más profunda en el almacén, donde un par de agentes se levantaron de sus ordenadores portátiles y le mostraron sus placas. Explicaron que formaban parte de un nuevo esfuerzo nacional para asegurarse de que el equipo médico llegara a los trabajadores de la salud y no fuera acaparado por intermediarios explotadores. Artenstein proporcionó pruebas de que los respiradores estaban destinados a sus hospitales. Se le dejó ir sin una respuesta clara de lo que estaba pasando. Horas pasaron mientras paseaba por el vasto almacén, elaborando planes de contingencia y comunicándose con los agentes hasta que quedó claro que no querían volver a saber de él. Finalmente, se le informó que el gobierno federal estaba considerando reasignar el cargamento a otro lugar.

Artenstein tuvo que preguntarse: ¿Cómo había llegado a esto el sistema médico de Estados Unidos? El equipo de Baystate Health estaba por iniciar una batalla de meses para conseguir equipo de protección personal en un mercado fuera de control que el gobierno de Donald Trump se rehusaría a administrar de cerca, a pesar de que se lo pidieron, desde ambos partidos, los alcaldes, gobernadores, representantes del Congreso y los líderes de algunos de los más grandes sindicatos de trabajadores de la salud y asociaciones de la industria de Estados Unidos. De hecho, durante el brote inicial, el gobierno federal sería a veces el actor más temido en ese mercado, actuando no en calidad de supervisor, sino como el comprador más poderoso y agente perturbador. Aunque el gobierno de Trump tomaría posteriormente medidas para mejorar el suministro de equipo de protección personal , el resultado se convirtió en un experimento característicamente estadounidense sobre la ideología del libre mercado durante una pandemia mortal, un experimento que puede haber dejado al país desprevenido para lidiar con una “tercera ola” de infecciones este invierno.

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