Este lunes 6 de julio, la Fiscalía General de facto de Bolivia imputó formalmente al presidente depuesto de ese país, Evo Morales Ayma, por los delitos de "terrorismo" y "financiamiento al terrorismo", en el marco del llamado "caso audio".

La Comisión de Fiscales Anticorrupción informó en un comunicado de prensa que se emitió la resolución de imputación formal en contra de Morales, porque "se evidenció" que el mandatario depuesto, desde su exilio en México, se habría coordinado con un dirigente del trópico de Cochabamba, identificado como Faustino Yucra, para bloquear el envío de alimentos a ciudades bolivianas.

Desde finales de noviembre de 2019, las autoridades bolivianas difundieron el supuesto audio de una conversación entre Morales y Yucra, en donde el presidente depuesto presuntamente daba indicaciones sobre cómo debían organizar los bloqueos en el país para protestar contra el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.

Según la Fiscalía de facto, en distintas conversaciones realizadas el 12, 14 y 17 de noviembre de 2019, Morales instruyó al dirigente cocalero a "cometer actos ilícitos".

El Ministerio Público también señaló que, tras la "pericia en audiología" solicitada al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia, se determinó que "las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma".