El 28 de abril el gobierno de Tlaxcala notificó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que dejaba el grupo de los 10 estados en los que iniciaría en noviembre de 2020 el nuevo sistema de justicia laboral.

Hace tres días el nuevo sistema arrancó en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, mientras que Guanajuato y Tlaxcala pospusieron su entrada para la segunda etapa prevista para octubre 2021 con 13 estados.



En 2019 la STPS estableció como criterios para la implementación del sistema en esas entidades el menor número de demandas laborales recibidas en los últimos tres años.

Contempló a Tlaxcala por ser uno de los estados con menor conflictividad laboral; sin embargo, cada una de las propuestas debía manifestar su interés de iniciar el nuevo sistema este año.

El 29 de agosto de 2019 la STPS pidió al secretario de gobierno, Aarón Pérez Carro, confirmara si Tlaxcala estaba en condiciones de continuar con los trabajos de coordinación para dar inicio a la primera etapa del nuevo sistema.


El 23 de septiembre de 2019 los integrantes de la comisión estatal para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral de Tlaxcala (Arón Pérez Carro, secretario de gobierno; diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra y Marco Antonio de Jesús Jiménez Martínez, presidente del TSJE), informaron a la STPS de la “disponibilidad y voluntad” para formar parte de los 10 estados.

Sin embargo, para el 28 de abril -casi un mes después del primer anuncio gubernamental sobre las medidas sanitarias por la pandemia en Tlaxcala- los poderes estatales pidieron a la STPS no considerar a la entidad en la segunda etapa de implementación del sistema “debido a que el gobierno del estado, ante la emergencia sanitaria… le resulta prioritario la implementación oportuna de medidas sanitarias para mitigar la transmisión comunitaria”, con eso Tlaxcala pospuso su entrada hasta 2021.


El nuevo modelo laboral aprobado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, para crear tribunales laborales y los centros de conciliación y registro laboral; sus tres ejes son una nueva justicia laboral, democracia sindical y negociación colectiva.