Después de negar que su administración tenga la intención de “apropiarse” de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privadas, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió al "pomposo" Consorcio Universitario (CU), que agrupa a seis de las casas de estudio más importantes de la entidad:

"Las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos”.

Lo anterior fue escrito por el mandatario en su cuenta de Twitter, en la cual recordó que  el artículo 99 de la Ley General de Educación establece: "Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional".

Por lo tanto, la Ley local aprobada por el Congreso local el pasado 15 de este mes, para armonizar la con el esquema nacional, incluyó el artículo 105, el cual prácticamente es igual al anteriormente referido:

"Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal".
“Su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles, sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que esta Ley fue aprobada cuatro días después de ser enviada por el Poder Ejecutivo, lo que fue criticado por el CU, el cual está integrado por la  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), como también las  Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Iberoamericana, Anáhuac, de las Américas Puebla y Madero, porque consideraron que fue hecha al vapor.

Este domingo, después de difundirse la nota de El Heraldo de México sobre el tema, Barbosa Huerta lamentó que este tipo de información sirva a los “intereses del pomposo” CU, el cual criticó inicialmente las atribuciones de supervisión y vigilancia a sobre los planteles y programas de instituciones públicas y privadas, porque afecta los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad; además, el rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, acusó que el gobierno estatal trataría de apropiarse los bienes de estas escuelas.

Por lo anterior, esta agrupación, la Federación de Escuelas Particulares, la Unión Nacional de Padres de Familia y otros han advertido la posibilidad de promover amparos y estar dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN).

Al respecto, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón, advirtió que hay atribuciones que pueden ejercerse en discrecionalidad, como «que formemos parte, como instituciones privadas, del Sistema Estatal de Educación, como también lo dice la Ley General de Educación; sin embargo, lamentó que no haya claridad sobre la autonomía de las instituciones, por lo que se pondría en riesgo el derecho a la certeza y a la seguridad jurídica.

"Entendemos que la educación se ha convertido en un mercado, y hay quienes no apuestan por la calidad educativa, sino por el lucro; pero, hay instituciones históricas en que consideramos que la ley pudo ser una oportunidad para reconocer la autonomía de gestión y de libertad académica".