El titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), José Aarón Pérez Carro, dio a conocer que el Gobierno del Estado, ya admitió la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los términos señalados en la misma, que tiene que ver con acciones propias del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Lo anterior, luego de que en fechas recientes el organismo nacional emitió la recomendación 37/2018, donde acreditaron la responsabilidad de agentes migratorios de la delegación en Tlaxcala del Instituto Nacional de Migración, en un caso de tortura en contra de una persona y un menor de edad de origen Hondureño.

Cuestionado sobre el caso, el encargado de la política interna del Estado, refirió que la mayoría de la recomendación se centra en el actuar de las autoridades federales; sin embargo, en cuanto hace al SMDIF, el Gobierno Estatal aceptó la recomendación y atenderá las medidas establecidas en esta medida interpuesta por el órgano garante nacional.

En cuanto hace al SMDIF, indicó que la recomendación se centró en emitir cursos de capacitación al personal de esta dependencia, para que conozcan cómo reaccionar ante situaciones de esta naturaleza, que tenga que ver con sujetos migrantes.

“Fue una recomendación totalmente colateral, la parte más importante es la que se atribuye al INM, y por lo mismo no me corresponde responder a este tipo de situaciones, sin embargo, en la parte genérica que tiene que ver con las autoridades estatales, el Gobierno del Estado, es respetuoso de los derechos humanos y en congruencia se aceptó la recomendación, en los términos y en los tiempos establecidos por la CNDH”, refirió.

De acuerdo a la recomendación emitida, la CNDH, pidió a la directora del SMDIF, Maday Capilla Piedras, instruir a los servidores públicos encargados de la atención a la niñez migrante, “el procedimiento establecido en la normatividad invocada para la emisión los planes de restitución de derechos a favor de la niñez migrante, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”, así como “diseñar e impartir en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de aceptación de la presente Recomendación a su personal, de esa un curso integral en materia de derechos humanos, interés superior de la niñez migrante y el derecho a la seguridad jurídica”, además de designar a un servidor público como enlace para dar seguimiento al cumplimiento de dicha recomendación.